A partir del próximo 24 de abril, se espera que el Pleno de la Asamblea de Madrid apruebe un dictamen impulsado por el Partido Popular (PP), el cual posteriormente será enviado a la Fiscalía para su revisión.

La comisión de investigación creada para esclarecer si la Universidad Complutense de Madrid (UCM) otorgó un trato preferencial a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, culminó este miércoles al aprobar una propuesta de dictamen respaldada por el PP y Vox. Este documento concluye que existió desvío y uso impropio de fondos públicos en la cátedra que Begoña Gómez codirigía.

Esta investigación se inició el 13 de noviembre, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo, y tuvo un inicio notable con la aparición de Begoña Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache. Pese a que se presentaron 15 testigos, entre ellos académicos y empresarios, el presidente Sánchez no estuvo presente, lo que generó críticas por parte de los partidos opositores.

Aunque el PP y Vox han unido fuerzas en esta iniciativa, el partido de Isabel Pérez Moñino intentó presentar su propio texto sobre el asunto. El PSOE, por su parte, consideró la comisión un “paripé” y decidió retirarse, alegando que no se habían evidenciado irregularidades en su trabajo.

El dictamen que se ha votado subraya un desvío de fondos públicos destinados a actividades de la cátedra y exige una investigación sobre una plataforma tecnológica asociada. Para el PP, esta cátedra fue creada de manera irregular, directamente desde La Moncloa, haciendo caso omiso a los procedimientos formales de la universidad.

Los populares sostienen que esta acción fue una maniobra diseñada para otorgar a Begoña Gómez una posición académica que no correspondía a su perfil, al no contar con la formación o experiencia necesarias. Además, han destacado la participación de su asesora, Cristian Álvarez, en labores que no son propias de su rol, lo que acentúa las acusaciones de uso indebido de recursos públicos.

El PP también reclama que el proceso de creación de la cátedra fue atípico y que se vulneraron las normativas internas de la UCM. Según su versión, Begoña Gómez actuó como directora de la cátedra sin un codirector que equilibrara su falta de requisitos, buscando que su imagen prevaleciera sin tener en cuenta la legalidad.

La gestión del software vinculado a esta cátedra está en el centro de las críticas del PP. Aseguran que la administración de esta herramienta estaba bajo el control de Begoña y su círculo cercano, sugiriendo que ha habido una apropiación de recursos públicos para fines privados. La creación de una empresa con nombre similar a la cátedra refuerza estas sospechas.

El PP ha observado que aquí se suscitó un uso personal de recursos públicos, lo que plantea serias dudas sobre la ética y la separación entre lo institucional y lo personal dentro del Gobierno. También han cuestionado la selección de docentes para los másteres de Gómez, llevada a cabo de forma arbitraria.

A la falta de transparencia se añade el hecho de que la cátedra no cumplió con la presentación de informes académicos y financieros necesarios para su funcionamiento. Los populares creen que esto evidencia una inobservancia clara de los procedimientos administrativos y una falta de control del uso de fondos públicos.

Desde su perspectiva, se ha evidenciado un interés muy personal detrás de la configuración de esta cátedra, que empleó recursos públicos para favorecer a una figura sin la debida cualificación profesional. A la luz de los hallazgos, la Asamblea de Madrid ha confirmado que existen responsabilidades políticas que deben ser abordadas para evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro.

Además, el PP sugiere diversas recomendaciones a la UCM para mejorar la transparencia y la viabilidad en la creación de nuevas cátedras, así como un marco regulatorio para futuras colaboraciones con entidades privadas en las universidades.

En lo que respecta a las acusaciones específicas, el PP ha señalado a la Fiscalía por posibles ilícitos penales relacionados con la gestión de fondos públicos, y ha ofrecido su dictamen al Juzgado que lleva el caso para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre Gómez y Goyache.

La voz del PP en esta comisión, Mercedes Zarzalejo, ha calificado el asunto como un claro ejemplo de uso indebido de la universidad pública para beneficios privados. Ella enfatizó que las cifras relacionadas con el valor de la plataforma tecnológica que se desarrolló a partir de la cátedra podrían superar significativamente lo que se había registrado formalmente.

Por su parte, representantes de Vox también han denunciado las irregularidades puestas de manifiesto y han criticado al PP por no incluir en la investigación a otros responsables políticos que podrían tener conexión con el caso.

Finalmente, la portavoz de Más Madrid ha calificado la comisión de deficiente y ha expresado su preocupación por el uso político de los fondos públicos para atacar a una persona en particular, en este caso, a la esposa del presidente.