El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) presenta cargos por usurpación leve contra cuatro individuos detenidos durante un desalojo reciente

MADRID, 17 de diciembre.

El abogado que representa al centro social conocido como La Atalaya, ubicado en Puente de Vallecas, ha argumentado ante el juez de Instrucción número 35 de Madrid en defensa del uso comunitario del edificio, que ha sido okupado por más de diez años. Este alegato se da en el contexto de las acusaciones de usurpación formuladas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

El mencionado centro social, que se halla en la calle Puerto de Milagro, número 2, fue desalojado el 26 de noviembre sin previo aviso. Durante esta operación policial, cuatro personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas mientras disfrutaban de las instalaciones que incluían una biblioteca, ludoteca, rocódromo y una despensa comunitaria, entre otros servicios.

Los detenidos comparecieron este martes en el tribunal madrileño como parte del proceso iniciado por el IVIMA. Su abogado ha solicitado una sanción de cuatro meses a razón de diez euros diarios por el delito leve de usurpación del que les acusan.

Durante la audiencia, Erlatz Ibarrondo, el defensor del centro, objetó las reclamaciones del IVIMA, argumentando que, si realmente buscara darle un uso social a las instalaciones, no habría permitido que un edificio se encontrara en estado de abandono durante tantos años.

“La Atalaya se había convertido en el pulmón social de este barrio”, sostuvo el letrado tras la conclusión de la vista oral, donde también comparecieron diversos vecinos que formaban parte de la Asamblea del centro social.

Los usuarios de La Atalaya defienden vehementemente que no se trata de una simple ocupación, sino de un centro activo que ofrece numerosas actividades a la comunidad. Durante la crisis sanitaria, por ejemplo, se dedicaron a distribuir alimentos a los vecinos necesitados de la zona.

Después del desalojo, los habitantes locales reportaron que un grupo de trabajadores comenzó a demoler tabiques, quitar ventanas y levantar el suelo del centro, aparentemente con el objetivo de dejar el espacio inservible.

La Atalaya funcionaba anteriormente como un instituto de secundaria, y fue okupado y transformado en centro social hace aproximadamente diez años, específicamente en diciembre de 2014. Desde entonces, ha acogido asambleas, conciertos, sesiones de escalada y talleres comunitarios.

Hasta el desalojo de noviembre, el centro había enfrentado varias tentativas de desalojo que no prosperaron. El IVIMA ya había llevado a juicio en 2016 a varias personas implicadas, pero el proceso judicial fue finalmente interrumpido por prescripción.