En Madrid, la jueza de Instrucción número 34 ha decidido llevar a juicio oral al administrador del festival Mad Cool y a la propia empresa organizadora, bajo la sospecha de haber cometido un delito medioambiental. Esto se refiere específicamente al impacto del ruido generado durante la edición del evento en 2023.

Según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, se ha decretado la apertura del juicio, y se ha establecido que tanto el administrador como la sociedad Mad Cool Festival S.L. deberán presentar una fianza de 12.000 euros. Esta garantía está destinada a cubrir posibles responsabilidades económicas en caso de resultar condenados.

La investigación se inició tras recibir denuncias de los residentes locales, quienes alegaron que el festival podría haber incurrido en un delito ambiental, centrándose en los problemas de contaminación acústica durante su última edición en 2023.

El colectivo vecinal Stop Madcool, que incluye varias asociaciones de Villaverde y Getafe Norte, se ha involucrado en el proceso legal para demandar responsabilidades, argumentando que se superaron los niveles de ruido permitidos. Adicionalmente, solicitan una indemnización de 10.000 euros en el contexto del juicio.

La pesquisa se ha enfocado en los excesos de ruido que supuestamente ocurrieron durante las actuaciones que se llevaron a cabo entre el 6 y el 8 de julio de 2023. Este evento se celebró en el recinto Iberdrola Music, que se encuentra muy cerca de áreas residenciales del distrito de Villaverde y en Getafe.

En su acusación formal, el fiscal citado propone que José Javier A. L. enfrente una pena de prisión de dos años, además de una multa de 30 euros diarios durante un año, con una posible responsabilidad personal subsidiaria de seis meses. También se sugiere su inhabilitación para gestionar locales y eventos musicales por un período de dos años.

Asimismo, se pide que la empresa Mad Cool Festival S.L. reciba penas de multa durante dos años, estableciendo una cuota diaria de 100 euros. Además, se propone limitar su capacidad para acceder a subvenciones, contratar con el sector público y beneficiarse de incentivos fiscales y de seguridad social también por un período de dos años.