Piden que el novio de Ayuso presente la escritura de compra de sus viviendas de 2020 a 2024

MADRID, 24 Junio

La jueza Inmaculada Iglesias ha pospuesto la declaración de Alberto González Amador por presunto fraude fiscal a petición de la acusación popular representada por el PSOE y Más Madrid. Esto luego de solicitar en un documento que se investiguen cinco nuevos posibles delitos después de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el expediente, según fuentes jurídicas.

El empresario tenía previsto comparecer hoy en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.

En un documento presentado el mismo lunes, al que Europa Press tuvo acceso, la acusación popular solicita varias diligencias, como investigar la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; analizar sus cuentas de 2019 a 2022; y presentar la escritura de compra de sus viviendas de 2020 a 2024.

La suspensión se solicitó al no haber podido esta parte analizar el informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, entregado a esta parte el pasado 12 de junio". La magistrada tendrá que tomar una decisión sobre el documento presentado.

Esta acusación considera que se deben intensificar los delitos fiscales imputados a Alberto González por "la existencia de una organización y el uso de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales están en el extranjero, para cometer estos delitos".

Además, el PSOE y Más Madrid creen que la pareja de Ayuso podría haber cometido dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.

El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha señalado que las acusaciones tuvieron que examinar "un expediente muy complejo" recibido recientemente, y dado la complejidad del caso, solicitaron nuevas diligencias en un asunto en el que "es importante conocer más".

Fuentes cercanas a Alberto González ven el documento como "una artimaña burda para prolongar el acuerdo con la Fiscalía". "Quieren que se investigue la administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Artimaña burda que deja claro que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria", señalan.

El nuevo documento para ampliar la investigación sobre el que la jueza tendrá que pronunciarse complica la posibilidad de un acuerdo entre las partes, incluida la pareja de Ayuso, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. En su momento, Alberto González propuso a través de su defensa aceptar 8 meses de cárcel, devolver 350.000 euros del fraude y pagar una multa de 140.000 euros, más intereses.

La jueza también citó para hoy al resto de los investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en el caso. Aún no hay fecha para las nuevas declaraciones.

DELITOS FISCALES

La investigación se centra en los posibles indicios delictivos sobre hechos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios de los años 2020 y 2021 y un presunto delito de falsedad en documento mercantil al presentar facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y con el objetivo de reducir la cuota tributaria a pagar.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza argumentó que supuestamente y "como resultado de estas conductas fraudulentas, el contribuyente dejó de ingresar en la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cantidad de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cantidad de 195.951 euros".

Se señaló que dichas conductas constituyen "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La pareja de Ayuso está involucrada en este proceso mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella presentada contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación con la nota emitida por la Fiscalía de Madrid que aclaraba el intercambio de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.

INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

En cuanto al caso relacionado con la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un presunto fraude fiscal al detectar durante una investigación "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público una cantidad menor de la que correspondía por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", según la denuncia del fiscal.

El 22 de enero pasado, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del que se deducen "datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios del año 2020 y 2021 que podrían ser constitutivos de delito".

El informe mencionaba dos delitos contra la Hacienda Pública al detectarse un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en una cantidad superior a 120.000 euros y un presunto delito de falsedad en documento mercantil al presentarse facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con el fin de reducir la cuota tributaria a pagar.

APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Con base en este informe, la Fiscalía decidió el 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que llevó a la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad durante el período investigado estaba a cargo de un administrador único, Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación el 12 de mayo de 2022.

En el transcurso de estas actuaciones para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la sociedad mencionada, según la denuncia, "se detectó que la sociedad, con el objetivo de eludir su tributación, ante el aumento del volumen de negocios experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo ciertas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación".