En el marco de una investigación fiscal en curso, la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de presentar un informe pericial para sustentar sus diferencias con los hallazgos del tribunal.

Este desarrollo se produce después de que Alberto González Amador, quien se negó a declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias el pasado 24 de febrero, ejerciera su derecho a no hacerlo por recomendación de su equipo legal. Esta decisión se tomó en espera de la resolución de un recurso sobre una pieza separada, que más tarde recibió luz verde de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar otros delitos que van más allá de los actualmente en curso.

En una sesión que se extendió por varias horas, la jueza interrogó a dos inspectoras de la Agencia Tributaria, quienes ratificaron sus informes sobre el presunto fraude fiscal atribuido a González Amador y otros cuatro individuos. El contenido de estos informes indica que se identificaron gastos imaginarios sustentados en facturas de distintas empresas.

Durante el proceso, el equipo de defensa mostró sus objeciones tanto «técnicas» como «fácticas» al contenido de los informes de la Agencia. Los abogados de González Amador están contemplando la posibilidad de presentar un análisis pericial para argumentar sus posturas divergentes.

La investigación se enfoca en indicios de delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad documental, debido a la presentación de facturas supuestamente falsas que habrían sido empleadas para disminuir la carga tributaria.

En el auto de inicio de las diligencias, la jueza indica que, como resultado de estas acciones, se estima que el contribuyente dejó de ingresar a la hacienda pública 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades del año 2020, y 195.951 euros por el año 2021.

Estas actuaciones están tipificadas como delitos en virtud del artículo 305.1 del Código Penal, junto con un delito de falsificación en documentos mercantiles según el artículo 392.1, en relación con el 390 del mismo código.

La Fiscalía inició la investigación tras recibir una advertencia de la Agencia Tributaria sobre un posible fraude fiscal, específicamente al identificar gastos ficticios en relación a facturas de diversas sociedades.

Los gastos mencionados, que no corresponden a servicios efectivamente prestados, se señalaron como parte de una maniobra para reportar una menor cantidad de ingreso al erario público correspondiente al Impuesto de Sociedades durante los ejercicios mencionados.

Un año atrás, la Fiscalía se hizo eco de un informe de la Agencia Tributaria relacionado con la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, que contenía datos e indicios sobre supuestas irregularidades fiscales en 2020 y 2021 que podrían constituir delitos.

Dicho informe apuntaba a dos delitos contra la Hacienda Pública, cuantificando el fraude en más de 120.000 euros, y mencionaba también la posibilidad de un delito de falsedad mercantil por la entrega de facturas que no reflejan servicios efectivamente prestados, con el fin de reducir la carga impositiva.