En una decisión que promete revolucionar el panorama judicial en la región, la Comunidad de Madrid ha seleccionado a dos consorcios para llevar a cabo la construcción de la futura Ciudad de la Justicia por un monto total de 542 millones de euros. Por un lado, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por ACS y Acciona ha ganado en el segundo lote del contrato, con un valor de 378,6 millones de euros, para la construcción de la jurisdicción civil, penal y fiscalía. En el primer lote, la UTE compuesta por OHLA, Azvi y Rover se ha asegurado la redacción de proyectos y la obra del aparcamiento público y los edificios del Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales por 161,4 millones de euros.

Con un total de cinco ofertas recibidas de empresas destacadas del sector, como Ortiz-Lantania-Vias, Constructora San José-Avintia y Ferrovial-Sacyr-FCC, finalmente las UTE de Dragados-Acciona y OHLA-Azvi-Rover se harán con el contrato para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Se espera que la adjudicación se formalice antes de que finalice el verano, con el comienzo de las obras programado para el primer semestre de 2025.

En un cambio de estrategia respecto a la gestión de la pasada legislatura, el Gobierno regional de Madrid tomará las riendas en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La idea es unificar las distintas sedes judiciales dispersas por la capital en un complejo ubicado en Valdebebas, que atiende a más de 30,000 personas a diario y contará con entre 10 y 13 edificios.

El complejo ocupará un amplio terreno de 132,000 metros cuadrados, con una superficie construida sobre rasante de 236,000 metros cuadrados y 198,000 bajo rasante. Además, se ha destinado un espacio adicional del 28% para futuras expansiones y para garantizar que la planta judicial pueda crecer durante las próximas cuatro décadas.