Un total de casi 1.500 menores migrantes han sido atendidos en la Comunidad de Madrid hasta agosto, en medio de una situación técnica de emergencia debido a una sobrepoblación que supera el 150% de la capacidad disponible.
En respuesta a esta crisis, la Comunidad de Madrid ha lanzado un contrato de emergencia para proporcionar alojamiento y atención inmediata a 76 menores migrantes, a través de plazas en centros de primera acogida y de media estancia, tanto públicos como privados.
Estos contratos, divididos en cuatro lotes y adjudicados por procedimientos sin publicidad, implican un gasto total de más de 2 millones de euros y tienen una duración de unos cinco meses.
De acuerdo con la información obtenida por Europa Press, la ocupación de los centros de protección de menores de la región superó el 150% de su capacidad el pasado julio, con 604 menores ocupando 337 plazas disponibles.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha sido declarada en "situación técnica de emergencia" según el modelo de gestión de contingencias migratorias para menores no acompañados.
Además, se espera que la llegada de menores migrantes no acompañados siga aumentando, con un incremento del 104,7% en comparación con el año anterior, en medio de un contexto que desafía la capacidad de respuesta de las autoridades.
Ante este panorama, el Gobierno regional se ha visto obligado a tomar medidas urgentes, como la apertura de un centro de primera acogida en La Cantueña para un centenar de plazas y la firma de contratos con diferentes asociaciones para proporcionar alojamiento temporal a 76 migrantes no acompañados.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia que incluye la creación de 116 nuevas plazas a partir del próximo año para atender a menores migrantes en diferentes centros de acogida.
El Gobierno regional ha expresado la necesidad de adelantar la disponibilidad de plazas en centros de media estancia para garantizar una transición adecuada de estos jóvenes hacia la inserción social y laboral una vez finalice su estancia en los centros de primera acogida.
En este sentido, se han firmado contratos con diversas entidades sociales para garantizar el alojamiento temporal de emergencia, con una inversión total que supera los 2 millones de euros.
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