En una decisión sin precedentes, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha anunciado que presentará una queja ante el Defensor del Pueblo debido al proyecto de la Comunidad de Madrid para establecer un centro de menores no acompañados en La Cantueña, un edificio municipal cedido para otro propósito. Ayala considera que este proyecto no cumple con los requisitos necesarios y está en desacuerdo con la falta de coordinación en el reparto equitativo de migrantes menores no acompañados en la región.

El alcalde ha llevado este asunto a los tribunales y lo ha puesto en conocimiento del Consejo de Europa, manifestando su preocupación por el hecho de que el centro no cumple con los estándares de derechos humanos establecidos por el Consejo. En una entrevista con Europa Press, Ayala hizo hincapié en la importancia de cuestionar las decisiones apresuradas de la Comunidad de Madrid y destacó la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por organismos internacionales.

Además, Ayala ha expresado su molestia por la falta de diálogo por parte del Gobierno regional y ha prometido hacer todo lo posible para defender los intereses de Fuenlabrada. A pesar de las acusaciones de racismo, el alcalde afirma que su objeción al centro viene de su compromiso con la solidaridad y la justicia en el reparto de responsabilidades entre los municipios.

Ayala ha argumentado a favor de la creación de una mesa de grandes ciudades para abordar este complejo problema de manera equitativa y ha criticado la falta de comunicación y transparencia en el proyecto. El alcalde también ha insinuado que la decisión de la Comunidad de Madrid puede ser una represalia política contra Fuenlabrada y el Gobierno de España.

En cuanto a la propuesta de ofrecer formación y actividades para jóvenes en La Cantueña, Ayala la ha calificado como insuficiente y cuestionable. Además, duda de que la inversión de 7 millones de euros se destine únicamente a las 100 plazas iniciales del centro. Ayala ha reiterado su compromiso de defender los intereses de la ciudad por encima de todo y ha dejado claro que no apoya el modelo de un centro de grandes dimensiones para albergar a personas en esta situación.

A pesar de sus críticas, Ayala se ha mostrado reticente a convocar movilizaciones ciudadanas y ha enfatizado la importancia de dialogar y encontrar soluciones efectivas para todos los involucrados. Su objetivo es garantizar que Fuenlabrada sea tratada con respeto y se respeten sus derechos en este delicado asunto.