La fiscal María de la O Silva insiste en investigar el presunto fraude fiscal y ha invocado el artículo 27 del Ministerio Fiscal para que la cúpula de fiscales se pronuncie al respecto.
Silva, a cargo de pronunciarse sobre la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales que investigan el fraude, ha solicitado a la Junta de Fiscales de Sala escuchar su postura a favor de investigar los hechos, en contraposición a la decisión de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ordenó inadmitirla, al igual que el Colegio de Abogados de Madrid.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, la reunión de la Junta de Fiscales de Sala se llevará a cabo el miércoles a las 9:00 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado. Se ha informado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no estará presente, ni tampoco el fiscal José Luis Bueren, quien ya se ha jubilado.
La fiscal ha recurrido al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual establece que si un fiscal recibe una orden contraria a las leyes, puede trasladar la discrepancia a su superior y este podría convocar una Junta de Fiscales de Sala para discutir el asunto.
La Junta de Fiscales de Sala se reunirá a puerta cerrada y tendrá un carácter consultivo. Una vez escuchadas las posturas, Sánchez Conde podrá mantener su decisión inicial o modificarla.
La teniente fiscal previamente había expresado verbalmente su opinión a Silva, argumentando que la Fiscalía de Madrid ya había pedido archivar la querella presentada por el Colegio de Abogados de Madrid contra los fiscales del caso, y por lo tanto sugiere que se haga lo mismo con la querella de Alberto G.A.
Sánchez Conde ha rechazado la propuesta de Silva de solicitar las comunicaciones por Whastapp y correo electrónico entre los fiscales investigados y el fiscal general del Estado, argumentando que la Fiscalía ya había concluido que no había delito y que era necesario mantener la decisión de no admitir la querella.
En cuanto a la querella presentada por Alberto G.A., pareja de Díaz Ayuso, esta se debe a una nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid sobre un presunto fraude fiscal, generando un debate interno en la institución.
Por su parte, García Ortiz se ha responsabilizado de la nota de prensa emitida y ha expresado que no permitirá que los fiscales a cargo sean perturbados por el ejercicio de su función penal en casos de naturaleza delictiva.
Finalmente, el fiscal general ha defendido que la comunicación hecha pública no infringió el deber de reserva, ya que la información divulgada estaba en dominio público debido a filtraciones no deseadas.
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