Crónica Madrid.

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Fiscal apartada por querer investigar a pareja de Ayuso por revelación de secretos

Fiscal apartada por querer investigar a pareja de Ayuso por revelación de secretos

El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, toma las riendas del caso a partir de ahora

MADRID, 6 May.

La fiscal María de la O Silva ha sido apartada del caso relacionado con la querella presentada por Alberto G.A., pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en contra de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos. Esto surge a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una investigación en su contra por un presunto fraude fiscal.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que será el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, quien reemplazará a la fiscal de Madrid que hasta ahora llevaba el caso. Esto ocurrió luego de que la fiscal invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciara sobre la discrepancia de criterio que mantenía con su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, sobre la admisión de la querella.

Las mismas fuentes han explicado que la decisión de asignar el caso al fiscal superior de Extremadura se debe a que la querella involucra a dos fiscales de Madrid, incluida la propia fiscal jefe. Por ende, desde el Ministerio Público se consideró pertinente que el caso sea manejado por un fiscal que no esté afiliado a la Fiscalía Provincial.

En este sentido, cabe mencionar que este tipo de decisiones no son nuevas cuando se trata de asuntos que afectan a miembros del Ministerio Público.

Montero será responsable de defender la postura de la Fiscalía, la cual fue establecida por Sánchez Conde el 24 de abril después de una Junta de Fiscales de Sala que respaldó su criterio frente al de la fiscal del caso en ese momento.

Tras largo debate, la Junta apoyó --con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención-- la postura de la 'número dos' del Ministerio Público, que sostenía que no existían indicios de delito contra los querellados, en contraste con el criterio de Silva, que abogaba por investigar antes de tomar una postura a favor o en contra de admitir la querella.

Ese día, de forma unánime, la Junta concluyó que no era necesario intervenir en las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, previo a informar a favor o en contra de la admisión de la querella, como sugería Silva.

Al día siguiente, Silva presentó un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguiendo el criterio establecido por Sánchez Conde. En este informe, pidió que se desestimara la querella argumentando que la publicación del comunicado de prensa "solo proporcionaba información veraz al público sin revelar información adicional relevante y, por ende, no constituía un delito que justificara la apertura de un proceso penal".