
El grupo Marea de Residencias y Verdad y Justicia presentaron su demanda mientras los familiares se congregaban en la puerta de los juzgados.
MADRID, 17 de Julio.
Los familiares de los residentes fallecidos en centros de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia están decididos a buscar conciliación con la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo es que rectifique sus declaraciones sobre las muertes de estas personas, aunque no descartan tomar acciones legales si la dirigente no cambia de opinión.
Así lo expresó Carmen López, una de las voceras de Marea de Residencias, al salir de los Juzgados de Plaza de Castilla. Tanto esta plataforma como el movimiento ciudadano Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid presentaron una demanda de conciliación dirigida a Díaz Ayuso. La concentración tuvo lugar a las 11:00 horas mientras un grupo de familiares se reunía en la entrada del juzgado.
Representantes de ambas plataformas, junto con personas que tienen casos judiciales activos contra la Comunidad de Madrid por la muerte de sus familiares en residencias, ingresaron a las dependencias judiciales acompañados del abogado Eduardo Ranz y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, miembros de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias.
Según López, ahora aguardarán a que el juez admita la demanda y fije la fecha para una conciliación. En este encuentro, la presidenta de la Comunidad tendrá la oportunidad de retractarse de sus declaraciones. De no hacerlo, las organizaciones no descartan tomar otras acciones legales.
Las declaraciones por las cuales se busca una rectificación son las pronunciadas por Díaz Ayuso durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea el pasado 15 de febrero. En ellas, la presidenta defendió la gestión del Ejecutivo regional durante la pandemia y acusó a una formación política de actuar sin humanidad.
Según Marea de Residencias y Verdad y Justicia, dichas declaraciones son perjudiciales para las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Consideran que estas personas no hubieran muerto de la misma manera si hubieran recibido una atención sanitaria adecuada.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid archivara un caso relacionado con la muerte de tres residentes en Puente de Vallecas durante la pandemia, Carmen López reconoció que hay más de 100 casos abiertos y otros 72 pendientes de respuesta del Tribunal Constitucional.
En respuesta a la demanda de conciliación, Díaz Ayuso declaró que sería inaceptable que la llevaran a juicio por leer en voz alta una sentencia en la Asamblea de Madrid. Recordó que cuentan con 25 sentencias judiciales que respaldan la gestión de la pandemia realizada por su Gobierno.
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