Los sindicatos CC.OO., UGT y CGT, junto a numerosos estudiantes, han llevado a cabo una manifestación esta mañana frente a la Asamblea de Madrid. El objetivo de esta concentración es abogar por la universidad pública y denunciar lo que consideran una "asfixia económica" que afecta a los seis centros universitarios públicos de la comunidad: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III.

Los participantes en la protesta portaban pancartas con mensajes como "Hoy recortes, mañana paro" y "Basta ya de asfixia financiera", reflejando su descontento con el incremento presupuestario destinado a las universidades. A pesar de que este martes se alcanzó un acuerdo entre los rectores y la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, para aumentar la financiación en un 4,2% con respecto al año anterior, lo que se traduce en 47,3 millones de euros adicionales, los manifestantes consideran esta cifra como insuficiente.

Paloma López, secretaria general de CC.OO. Madrid, describió la situación como "inasumible", subrayando que la escasez de recursos y de asignaciones presupuestarias está provocando una crisis en la universidad pública, con una tendencia hacia la privatización. Según López, "los 47 millones anunciados son insuficientes" y se requiere un mínimo de 220 millones para solo mantener la situación existente.

Los rectores han expresado en más de una ocasión que, aunque agradecen el esfuerzo del Gobierno regional, la cantidad acordada sigue siendo "insuficiente". Han reiterado la necesidad de cerca de 200 millones de euros para poder abordar los problemas actuales en la educación superior pública.

El Sindicato de Estudiantes también ha estado presente en la concentración, alertando sobre las graves consecuencias de la "infrafinanciación". A través de un comunicado, señalaron que instituciones como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) están considerando aumentar los precios de los másteres, restringir el uso de recursos como la calefacción e incluso eliminar programas académicos con escasa demanda.

Además, la representación de la oposición en la Asamblea, compuesta por Más Madrid y PSOE, se unió a las demandas de los manifestantes, manifestando su descontento con la situación. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, afirmó que al defender la universidad pública se está defendiendo la esencia de la democracia, y criticó los presupuestos del Gobierno de Ayuso, que, según ella, amenazan con suprimir la universidad pública.

Bergerot delineó un claro conflicto entre dos modelos: "el de los enemigos de lo público" y "el del pueblo madrileño que lo defiende", y enfatizó que, en el contexto actual, apoyar la universidad pública es un acto de defensa de los valores democráticos. En la misma línea, su colega Rita Maestre expresó su rechazo a lo que considera un intento del Partido Popular de sofocar a la educación pública, advirtiendo que su intención parece ser la creación de una sociedad sin pensamiento crítico.

Maestre subrayó que desde 1996 no se ha inaugurado ninguna universidad pública en Madrid, mientras que se han aprobado o se están tramitando al menos 20 universidades privadas, lo que, según ella, demuestra un plan para desmantelar no solo la educación pública, sino también el derecho a la educación en general.

Asimismo, anticipó que Ayuso se enfrentará a un "invierno muy duro" por la resistencia que encontrará en la calle, tanto de alumnos como de profesores, así como en el Parlamento de Madrid ante la oposición, que se ha comprometido a luchar fervientemente por el derecho a la educación pública.

En una intervención ante los medios, Jesús Celada, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, advirtió que la universidad pública está emitiendo un "grito de alarma" debido a la crítica falta de financiación que, según sus cálculos, podría requerir hasta 400 millones de euros para recuperar la calidad educativa necesaria.

Celada enfatizó que la situación actual ha pasado de ser crítica a catastrófica y destacó que Madrid es la región que menos invierte en educación universitaria en comparación con otras comunidades autónomas.

En respuesta a las críticas, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, defendió la actitud del Gobierno regional, asegurando que la comunidad se ha comprometido de manera "evidente" con sus universidades públicas, las cuales, según él, son un modelo a seguir en el resto del país.

Serrano argumentó que la comunidad recibe a un gran número de estudiantes de fuera y hizo hincapié en el esfuerzo de la presidenta para mejorar la financiación, lo que muestra una voluntad clara de apoyar al sistema universitario público.

En cuanto al acuerdo de aumentar en 47,3 millones de euros el presupuesto para el próximo año, fuentes del Gobierno regional aclararon que 20 de esos millones serán destinados a inversiones en infraestructura y mantenimiento de edificios universitarios, mientras que el resto se invertirá en gastos de nómina y personal.

El Gobierno también señaló que se trabajará en un modelo de financiación estable para las universidades, vinculado a objetivos que se incluirán en el proyecto de presupuestos regionales para 2025, el cual está en proceso de tramitación en la Asamblea de Madrid.

Finalmente, Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, expresó su satisfacción por el acuerdo y su compromiso de colaborar más estrechamente con los rectores, destacando que este paso conjunto refleja un compromiso claro de la Comunidad de Madrid con la universidad pública.