En Madrid, el 19 de junio, la esposa del presidente de Quirón Prevención ha desmentido en sus declaraciones ante la jueza Inmaculada Iglesias cualquier implicación de Alberto González Amador en el pago de una comisión secreta a su esposo, vinculada a la adquisición de una sociedad. Esta supuesta transacción se habría realizado a cambio de la concesión de contratos a Maxwell, la consultoría sanitaria de la que González Amador era el único administrador y que facturó casi dos millones de euros.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid tomó el testimonio de la investigada durante más de una hora, en el contexto de la causa que busca esclarecer posibles actos de corrupción relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La citación tenía como objetivo esclarecer si se había llevado a cabo un pago oculto de medio millón de euros por la compra de una sociedad que, según los documentos oficiales, carecía de actividad y de patrimonio. Detalles de esta citación se han compartido en las diligencias del caso.

Durante su comparecencia, la esposa de González Amador rechazó las acusaciones, ofreciendo explicaciones pormenorizadas sobre cómo se llevó a cabo la transacción de Círculo de Belleza S.A. Aportó información sobre una propuesta que González Amador le presentó, la cual consideró "correcta" y "razonable" para el impulso de futuros proyectos, según han indicado fuentes cercanas al proceso.

Cabe mencionar que, en su declaración, afirmó que no se detuvo a leer los contratos, expresando que todo le parecía normal y que no discutía sobre estos temas con su pareja.

El pasado 10 de abril, González Amador presentó a la magistrada documentos que reflejaban los ingresos percibidos de Quirón, desmintiendo cualquier intento de ocultarlos para evadir impuestos. Asimismo, subrayó que la compra de la sociedad se llevó a cabo en función de su red de distribución, que incluía farmacias.

Este caso es parte de una investigación separada iniciada el octubre pasado, centrada en la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, distintos de los que se examinan en la causa principal que investiga un presunto fraude fiscal.

La magistrada decidió, en octubre, abrir una investigación complementaria al procedimiento principal, señalando supuestas irregularidades en el uso de una sociedad instrumental para disimular ingresos del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Esto se llevó a cabo tras considerar parcialmente un recurso de reforma presentado por el PSOE y Más Madrid, quienes habían demandado diligencias que la jueza había desestimado en julio pasado.

La nueva pieza procesal busca investigar posibles delitos relacionados con el uso de la sociedad instrumental Masterman S.L. en virtud de un contrato de servicios entre Maxwell Cremona S.L. y Quirón Prevención S.L.

En su resolución, se indaga si los hechos relacionados con Masterman S.L. para ocultar ingresos que debían ser tributados por Maxwell Cremona S.L. podrían constituir delitos que merecen ser investigados.

La acusación popular sostiene que la simulación de este negocio jurídico podría encubrir "una administración desleal" e incluso podría implicar delito de corrupción en los negocios, considerando la cifra de casi 500.000 euros pagados por las participaciones de Masterman S.L., que pertenecían en ese momento a la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Se considera, por tanto, que podría tratarse de "una contraprestación" por los contratos adjudicados a Maxwell y luego a Masterman por Quirón Prevención, o bien como retribución por la mediación de Maxwell en transacciones realizadas con empresas proveedoras de productos sanitarios, que en 2020 supusieron unas facturaciones por encima de los dos millones de euros.