En fechas recientes, el Tribunal Supremo ha tomado cartas en el asunto que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha manifestado su descontento ante lo que considera filtraciones de información sensible. Estas quejas han sido formalmente enviadas a los juzgados de Madrid, lo que acentúa la gravedad de la situación en la que se encuentra el jefe del Ministerio Público.

El magistrado encargado de la investigación, Ángel Hurtado, ha tomado la decisión de remitir este asunto a los juzgados de Plaza de Castilla. Esto ocurrió después de que se denegase la solicitud presentada por García Ortiz, quien pedía que se instruyera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se asegurara de que su informe sobre el registro en la oficina de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, no incluyera mensajes privados que no tuvieran relación con los hechos investigados.

El juez Hurtado ha querido dejar claro que no se puede responsabilizar a la UCO por el trabajo que realiza, resaltando su prestigio y especialización en la materia. Al mismo tiempo, reconoció el derecho del fiscal general a cuestionar el contenido del informe, lo que refleja las complejidades y tensiones que pueden surgir dentro de los órganos judiciales y fiscales en su labor de garantizar la justicia.