En una reciente decisión que ha captado la atención de la opinión pública, el Tribunal Supremo ha determinado que la Comunidad de Madrid deberá abonar una suma cercana a los 450.000 euros al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Esta orden se deriva de la falta de cumplimiento de un acuerdo educativo en el contexto de los confinamientos impuestos por la pandemia de Covid-19.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se enmarca dentro del análisis de un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Rivas. Este recurso impugnaba una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en 2022 había desestimado la reclamación del Ayuntamiento por el impago de gastos relacionados con un convenio de colaboración en el ámbito de la educación infantil durante el año académico 2019-2020.

La decisión del Tribunal Supremo revela que la Consejería de Educación y Juventud incumplió el acuerdo firmado con el Ayuntamiento, al condenar a la Comunidad de Madrid a pagar un total de 451.399,52 euros. Esta cifra corresponde a la financiación acordada por los meses de marzo, abril y mayo de 2020, periodo en el que se suspendieron las clases presenciales debido a la crisis sanitaria.

El convenio original estipulaba que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid cofinanciarían el funcionamiento de las escuelas infantiles y la Casa de Niños de gestión municipal. La controversia surgió cuando, tras el cierre de los centros educativos por la Orden 338/2020 de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento decidió mantener los contratos con el personal educativo para asegurar que las actividades continuaran a distancia.

El Tribunal Supremo sostiene que, a pesar de la suspensión de las clases, la Comunidad de Madrid debía seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras. Esto se debe a que el Ayuntamiento ya había asumido los costos de operar el servicio educativo, lo que llevó la corte a fallar a su favor.

Como resultado, el Alto Tribunal ha invalidado la sentencia del Tribunal Superior de Madrid y ha dado la razón al consistorio de Rivas, aceptando así el recurso contencioso-administrativo que habían presentado. Lo notable de este fallo es que no se imponen costas procesales a ninguna de las partes, dejándolas a cargo de sus propios gastos.