MADRID, 11 de marzo. En un movimiento significativo, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido hoy, por unanimidad, dar paso al litigio de competencias presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en contra de la reciente iniciativa del Ejecutivo central. Esta iniciativa busca declarar la histórica Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, como un Lugar de Memoria Democrática, según han indicado fuentes legales a Europa Press.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impugnó el acuerdo adoptado el 16 de octubre por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial, que abrió el procedimiento para declarar esta emblemática sede, anteriormente ocupada por la Dirección General de Seguridad franquista, como un Lugar de Memoria Democrática.

La magistrada conservadora Concepción Espejel ha sido la encargada de presentar la ponencia que respalda la admisión a trámite de esta impugnación. En ella, se argumenta que la administración central estaría sobrepasando las competencias autonómicas al usar su autoridad para la memoria democrática y el patrimonio histórico-cultural, dado que la propiedad pertenece a la Comunidad de Madrid.

Además de impugnar la declaración, la Comunidad de Madrid ha solicitado que se declaren inconstitucionales ciertos artículos de la Ley de Memoria Democrática que confieren al Estado la potestad exclusiva para designar un espacio como Lugar de Memoria, sin considerar las competencias autonómicas existentes.

Los representantes legales de la Comunidad también pidieron la suspensión provisional del procedimiento administrativo hasta que se resuelva el conflicto de competencias, advirtiendo sobre los potenciales daños irreparables que podrían ocasionarse a la administración autonómica y destacando la importancia de proteger el interés general de los madrileños ante una posible aprobación antes de la resolución del caso.

En relación a esta solicitud, el TC ha informado que escuchará las alegaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, dándole la oportunidad de presentar sus argumentos en el asunto.

Al comunicar la presentación del recurso ante el TC, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, expresó la firme postura del Gobierno madrileño, señalando que no permitirán que el presidente Sánchez continúe "colonizando todas las instituciones y tratando de imponer su narrativa parcial y sesgada".

En su escrito, la Comunidad de Madrid criticó la falta de justificación detrás de la medida, afirmando que un breve periodo de tiempo en la historia de la Real Casa de Correos no puede alterar su significancia histórica y simbólica dentro de la memoria colectiva del país.

Desde el Gobierno madrileño recordaron que, durante más de 250 años, esta emblemática edificación ha funcionado como la oficina central de correos, ha sido testigo de los acontecimientos del 2 de mayo de 1808 y ha servido como sede de importantes entidades como la Capitanía General y el Gobierno Militar, incluso bajo el régimen del Frente Popular.

Asimismo, hicieron hincapié en el papel central que ha tenido en la proclamación de la Segunda República y su asociación en la memoria de los españoles con momentos clave como las campanadas de Año Nuevo y el Kilómetro 0 de Madrid.

La fachada principal de este edificio, que cuenta con tres placas conmemorativas que rinden homenaje a los héroes del levantamiento contra la invasión francesa, a las víctimas de los atentados del 11-M y a los fallecidos por COVID-19, ha sido sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante cuatro décadas. Su remodelación integral a finales de los 90 fue inaugurada por los Reyes de España.