Crónica Madrid.

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El TC paraliza normativa LGTBI de Madrid impuesta por el Gobierno.

El TC paraliza normativa LGTBI de Madrid impuesta por el Gobierno.

En una decisión controvertida, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra dos reformas de ley de la Comunidad de Madrid. Estas reformas se refieren a la identidad de género --ley Trans-- y a la protección contra la 'LGTBIfobia'. Como resultado, la corte de garantías ha decidido suspender de manera cautelar la vigencia y aplicación de los artículos impugnados de dichas normas.

Los recursos presentados por el Gobierno se dirigían específicamente contra varios apartados de dos leyes modificadas en el año 2023 por la Comunidad de Madrid. Estas leyes son la Ley 17/2023, que modifica la Ley de identidad y expresión de género e igualdad social, y la Ley 18/2023, que modifica la Ley de protección integral contra la 'LGTBIfobia'.

En su comunicado, el TC hizo referencia al artículo 161.2 de la Constitución como fundamento para la suspensión de los preceptos impugnados de las normas mencionadas. El Gobierno alegó posibles violaciones de hasta cuatro artículos de la Constitución en su primer recurso, además de posibles infracciones competenciales.

Estos artículos impugnados se refieren principalmente a la atención sanitaria de personas transexuales, incluyendo aspectos como el acompañamiento y tratamiento en la decisión de revertir el proceso de cambio de sexo y el requisito de apoyo de profesionales de salud mental para menores que buscan tratamiento médico relacionado con su transexualidad.

En relación con la segunda ley impugnada, el Gobierno argumentó que un apartado específico podría estar en contra de las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

El Gobierno tomó la decisión de recurrir estas leyes de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de junio, con el objetivo de proteger los derechos de las personas trans y LGTBI. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó la importancia de garantizar la igualdad de condiciones para el ejercicio de estos derechos en todo el territorio español.

Redondo señaló que la normativa de la Comunidad de Madrid tiene un carácter "regresivo" y limita derechos reconocidos en la legislación estatal. La impugnación del Gobierno se centró en aspectos considerados anticonstitucionales por contravenir derechos fundamentales o invadir competencias del Estado.

Entre los puntos impugnados se encuentran la excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, la patologización de menores trans al imponerles requisitos para acceder a tratamientos de transición, y la exclusión de organizaciones LGTBI en procedimientos penales o administrativos.

La suspensión de los preceptos impugnados conlleva el establecimiento de una prohibición absoluta de las terapias de conversión, la eliminación del requisito de acompañamiento psicológico para menores que buscan tratamiento farmacológico, y la inclusión de organizaciones LGTBI como posibles interesadas en procesos judiciales o administrativos.