La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno cuenta con seguridad jurídica para elaborar los Presupuestos de 2024, incluso si el Senado rechaza la senda de déficit propuesta. Esta declaración se produjo durante una conversación informal con los medios de comunicación en el marco de la celebración del Día de la Constitución en el Congreso.

Con el objetivo de informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, el Gobierno ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo lunes. Este órgano, compuesto por los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de la senda de estabilidad, el cual también será tenido en cuenta para la elaboración de los presupuestos de cada comunidad autónoma.

En esa misma fecha, finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los Ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas para el proyecto presupuestario. El Gobierno tiene la intención de llevar esta ley al Congreso lo antes posible. No obstante, dado que no se aprobarán nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, será necesario prorrogar las del presente año hasta que se puedan aprobar las de 2024.

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes de presentar el proyecto de presupuesto, el Gobierno debe aprobar en el Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previa evaluación del CPFF. Posteriormente, todo debe ser remitido a las Cortes Generales para su aprobación o rechazo.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno deben estar en sintonía con las normas fiscales europeas, que se encontraban suspendidas debido a la pandemia. Además, surge la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el Senado, ya que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al límite de gasto.

A pesar de este escenario, el Gobierno insiste en que tiene seguridad jurídica para redactar los presupuestos incluso si el Senado rechaza la senda de estabilidad. La última vez que esto sucedió fue en 2018, cuando el Partido Popular rechazó en el Senado el límite de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para el año 2019. En aquella ocasión, el Ejecutivo utilizó los datos de déficit y deuda anteriores como referencia para presentar el proyecto presupuestario, el cual finalmente fue rechazado por el Congreso (el Senado no tiene poder de veto sobre el proyecto).

En la actualidad, el escenario es aún más incierto debido a la suspensión de las reglas fiscales europeas desde 2020. Esto significa que no existen objetivos fijos de ejercicios recientes, aunque sí hay referencias orientativas en los cuadros macroeconómicos del año anterior y en los planes presupuestarios enviados a Bruselas.

A pesar de estas circunstancias, el Gobierno confía en cumplir con los procesos establecidos y en elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 de manera adecuada.