El Gobierno exige a la Comunidad de Madrid resolver las discrepancias en la Ley Trans

El Gobierno ha solicitado a la Comunidad de Madrid que resuelva las discrepancias en los cambios realizados en la Ley Trans aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en diciembre de 2023, con el objetivo de evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado.

Según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se han observado discrepancias en las modificaciones de dos leyes autonómicas: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, y la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

El Gobierno ha instado a la Comunidad de Madrid a iniciar negociaciones previas a través de la Comisión Bilateral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El plazo para estas negociaciones es de seis meses, y en caso de no llegar a un acuerdo, se presentaría un recurso de inconstitucionalidad.

En cuanto a la modificación en la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, el Ejecutivo considera que esta ley "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico". El Gobierno argumenta que estas disposiciones menoscaban los derechos de las personas trans y violan principios constitucionales.

Asimismo, el Gobierno critica otros aspectos de la ley, como cómo esta especifica los derechos de uso de espacios por parte de personas trans sin tener en cuenta a otros usuarios, e indica que la ley autonómica va en contra de los principios de igualdad y discrimina a ciertos colectivos.

En relación con la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, el Gobierno considera que los cambios realizados impiden a las asociaciones representativas de los colectivos LGTBI actuar como acusaciones o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores, lo cual va en contra de la competencia exclusiva del Estado en materia procesal según la Constitución.