En un contexto de controversia, la Comunidad de Madrid ha celebrado la implementación de un nuevo convenio laboral que, según sus representantes, permitirá una notable “mejora de las condiciones laborales” para más de 40.000 funcionarios públicos. Sin embargo, esta medida ha suscitado fuertes críticas por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien argumenta que el acuerdo atenta contra el derecho de protesta.

Este significativo convenio, firmado el 10 de diciembre en la emblemática Real Casa de Correos, ha comenzado a regir desde el 1 de enero. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto a líderes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional, ha expresado su satisfacción al destacar que el acuerdo redundará en beneficios sustanciales para el personal al servicio de la Administración regional.

“Hoy es un día muy relevante para nuestra región”, afirmó Ayuso. “Este acuerdo no solo garantiza la mejora de las condiciones laborales de nuestros funcionarios, sino que también asegura un óptimo servicio público. Esto ha sido posible gracias al diálogo constante con las organizaciones sindicales.”

El compromiso del Gobierno autonómico incluye una inversión de 60 millones de euros durante los próximos cuatro años, dirigidos a mejorar salarios, formación y oportunidades de desarrollo profesional para los empleados públicos hasta el final de 2028. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha defendido que esta larga duración del convenio facilitará un clima de paz social durante el resto de la legislatura y buena parte de la siguiente.

Entre las novedades más importantes del acuerdo se encuentra la implementación de una carrera profesional para los trabajadores del sector administrativo y de servicios. Este avance había sido previamente anunciando por Ayuso durante el último Debate del Estado de la Región.

Los sindicatos firmantes han expresado su satisfacción con los términos del convenio, destacando los beneficios económicos significativos que representa, así como la inclusión de medidas como la carrera profesional, la jubilación anticipada y un sistema de movilidad permanente, a la vez que reconocen el esfuerzo y la dedicación de los funcionarios.

No obstante, en el debate sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos del 20 de diciembre, CC.OO. solicitó la eliminación de dos disposiciones del nuevo convenio que, según su criterio, podrían vulnerar derechos laborales fundamentales.

En particular, este cuestionamiento se dirige al artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio, que estipula que las organizaciones sindicales firmantes se comprometen a no promover acciones de protesta que pudieran modificar lo acordado, garantizando así un principio de buena fe. De no cumplir esta cláusula, la administración podría suspender la implementación de la carrera profesional y sus efectos retributivos.

Los representantes de CC.OO. han manifestado que, tras conocer estas disposiciones, realizaron gestiones para que se eliminaran del texto, pidiendo que la firma del convenio se retrasara hasta contar con la ratificación correspondiente de sus estructuras.

“Defendemos los derechos de todos los trabajadores, sin distinción de su condición laboral, y trabajamos para incluir en las negociaciones cláusulas que protejan sus derechos fundamentales. No permaneceremos callados ante lo que podría interpretarse como un ataque a las libertades laborales”, subrayaron desde el sindicato.

La ministra Yolanda Díaz fue rápida en reaccionar. El 27 de diciembre, solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que intervinieran, argumentando que el convenio podría facilitar que la administración suspendiera derechos laborales en el caso de que se convocaran huelgas o manifestaciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que las disposiciones del convenio establecen una degradación de la participación democrática de los trabajadores, especialmente alarmante en el contexto de un pacto que regula las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid.

Díaz también criticó que este acuerdo envía mensajes equivocados sobre la naturaleza del diálogo social, alertando que genera efectos adversos más allá de lo regulado en la legislación de libertad sindical.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, rechazó las críticas de la ministra, acusándola de intentar desestabilizar un acuerdo ampliamente respaldado por los sindicatos. “Es un intento de boicotear un convenio que beneficiará a más de 40.000 trabajadores, aumentando sus salarios significativamente”, afirmó Albert, cuestionando qué autoridad tenía Díaz para interferir en el acuerdo entre la administración y los sindicatos.

También se unió a las críticas la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien sostuvo que el Gobierno central está constantemente actuando en contra de la región, que es un motor económico y cultural.

Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, expresó su preocupación por los posibles efectos del nuevo convenio sobre el derecho a la huelga y la libertad de expresión de los trabajadores, demandando la comparecencia de la consejera y enfatizando que no se permitirá la imposición de cláusulas que comprometan derechos fundamentales.

Finalmente, el sindicato Satse Madrid anunció su intención de llevar el convenio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que perjudica los intereses de profesionales como enfermeras y fisioterapeutas y criticando a los sindicatos signatarios por ceder ante las condiciones planteadas por la Comunidad de Madrid.