El Tribunal Constitucional ha tomado la decisión de suspender un artículo de la normativa de la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, que impedía la instalación de una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, un emblemático edificio de la capital española.

Esta resolución se produce tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El artículo en cuestión forma parte de la Ley 8/2024, sancionada el 26 de diciembre, que introduce varias modificaciones en el ámbito público local y autonómico de la Comunidad de Madrid. En concreto, se refiere a la adición de artículos que norman la protección y la colocación de placas conmemorativas, así como la organización de eventos en la mencionada Real Casa de Correos, que sirve como sede de la presidencia regional.

El tribunal consideró que, dado que el Gobierno había invocado el artículo 161.2 de la Constitución, era necesario suspender la aplicación del artículo en cuestión desde el momento en que se presentó el recurso, el 27 de marzo, y para terceros a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sánchez fundamentó su recurso argumentando que el artículo suspenso "imposibilita la aplicación" de la Ley de la Memoria Democrática. Según su interpretación, esta situación podría menoscabar la competencia del Estado en cuanto a la regulación de las condiciones que aseguran la igualdad de derechos y deberes constitucionales para todos los españoles, y también podría ser contraria a la propia Constitución.

El objetivo del Gobierno es instalar una placa en la Real Casa de Correos para recordar que este edificio, situado en la emblemática Puerta del Sol, funcionó como la Dirección General de Seguridad durante la época franquista, un período caracterizado por graves violaciones de derechos humanos. A este respecto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que ahí "hubo torturas terribles que aún perduran en la memoria de algunos ciudadanos".

Es relevante señalar que el pasado marzo, el Tribunal Constitucional acordó de manera unánime admitir el conflicto de competencias que la Comunidad de Madrid había presentado en contra de la intención del Gobierno central de catalogar la Real Casa de Correos como un Lugar de Memoria Democrática.