El Colegio de Abogados de Madrid prevé aumento de conflictos en los tribunales por falla en la Ley de Paridad.
En Madrid, la presidenta de la sección de Igualdad del ICAM, Estela Martínez, ha señalado que se ha producido un "error" en la Ley de Paridad. Martínez explicó que al introducir una nueva causa de nulidad para las víctimas de violencias sexuales, se tomó como base la redacción de la Ley Trans en lugar del Estatuto de los Trabajadores, lo que generó confusiones.
La Ley de Paridad, que busca garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres, ha comenzado a regir con un "error técnico", según admitió la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Este error afecta a los trabajadores que solicitan un permiso de cinco días por cuidado de un familiar en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o por una adaptación de jornada.
Según Martínez, este error perjudica especialmente a las mujeres, ya que históricamente son quienes más se acogen a estas medidas. Además, el ICAM denuncia la disposición final novena de la ley, que elimina la nulidad automática en despidos relacionados con la conciliación laboral, lo que podría generar inseguridad jurídica y afectar especialmente a las mujeres.
A partir de ahora, los despidos que antes se consideraban nulos pasarán a ser considerados improcedentes, lo que obligará a los trabajadores despedidos a llevar sus casos a los tribunales. Esto podría generar conflictos legales y desprotección para los empleados, según Martínez.
La ley también establece que las grandes empresas y la Administración General del Estado deben contar con al menos un 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Además, se prevé que la presencia femenina pueda llegar hasta el 100%, fomentando la equidad de género en dicho ámbito.
En definitiva, la Ley de Paridad pretende sentar las bases para un futuro más justo y equitativo en el mundo laboral, promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los diferentes sectores. Sin embargo, es importante corregir los errores actuales para garantizar la protección y equidad de los trabajadores en el marco legal correspondiente.
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