En Madrid, la situación de las viviendas de uso turístico ilegales ha generado controversia tras la reciente comunicación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. Este informe incluye un listado que señala la existencia de once VUT ilegales en localidades fuera de la capital, además de registrar la duplicación de 119 direcciones y la baja de 314 propiedades en el registro de la Comunidad de Madrid detectadas por el Ayuntamiento.

La semana pasada, el Ministerio envió a la administración local una nueva base de datos con el fin de identificar y abordar los pisos turísticos que operan de manera ilegal. Este documento contenía dos listados; uno recopilaba 1.216 anuncios de Airbnb y otro, 2.366 de Booking, sumando un total impresionante de 3.582 publicaciones que ahora están bajo revisión.

El departamento de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la ciudad, liderado por Borja Carabante, ha realizado verificaciones sobre la información proporcionada y ha encontrado que diez de las propiedades mencionadas ya disponen de la licencia adecuada para su funcionamiento. Además, el Ayuntamiento ha señalado que esta es la segunda comunicación de Bustinduy en un corto período de tres meses, lo que parece buscar más impacto mediático que eficacia en la resolución del problema.

La primera de estas cartas, que databa de marzo, también contenía múltiples errores, según la valoración del Ayuntamiento. Esta misiva llegó tardíamente, luego de que se estableciera un plan para controlar los pisos turísticos ilegales, que contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 190.000 euros. En ella, de un total de 16.335 VUT mencionadas, solo proporcionaba direcciones exactas de 1.308, lo que supone menos del 9% del total. De las que sí tenían ubicación, 177 estaban duplicadas, dejando solo un total de 1.131 casos válidos, de los cuales el 40% ya había sido sometido a inspección.

Este nuevo envío de información se produce justo después de que el Ayuntamiento aprobara el Plan Reside, que busca prohibir el uso de viviendas turísticas en edificios destinados a la residencia, lo que añade otra capa de complejidad a un tema que sigue generando debate en la ciudad.