El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha enviado una comunicación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que solicita el cierre inmediato del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) situado en la ciudad, tras la resolución aprobada en el Pleno ordinario del 15 de julio.

Según la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Consistorio argumenta que este centro fue inaugurado a finales de 2023 sin haber consultado previamente al Ayuntamiento. Además, recuerda que, a pesar de haberse presentado como una solución temporal con capacidad para unos pocos cientos de personas, la realidad es que lleva casi 20 meses en funcionamiento y ya alberga a 1.400 individuos.

Desde la administración local, se considera que el CAED opera con una capacidad desmesurada, ya que más de 10.000 personas han pasado por sus instalaciones. Se destaca que muchos de sus usuarios se encuentran en condiciones de hacinamiento, viviendo en carpas y sin actividades formativas o laborales que les mantengan ocupados, lo que les lleva a vagar por las calles durante todo el día.

Además, la situación ha generado tensiones en los servicios municipales, impactando negativamente en la recogida de basura, las instalaciones deportivas y los servicios de salud, lo que ha incrementado el malestar entre los vecinos. Este descontento también se ha visto alimentado por una presunta agresión sexual cometida por un residente del centro hacia una joven de la localidad a finales de junio.

Desde el Ayuntamiento se ha manifestado que el gobierno municipal refleja el sentir mayoritario de los vecinos, que están agotados de las molestias provocadas por el centro. Se ha resaltado también el comportamiento ejemplar y cívico de la comunidad, que históricamente se ha caracterizado por su acogida, tolerancia y solidaridad.

Por último, el documento del Consistorio concluye que la petición de cierre del CAED se mantendrá vigente hasta que no haya un "cambio sustancial" en la política migratoria, que incluya un reparto equitativo, una planificación razonable y una identificación adecuada de los migrantes que hacen uso de estas instalaciones.