En la sesión del Pleno de Cibeles del 25 de marzo, la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, expuso que la propuesta de imponer un nuevo gravamen a los pisos turísticos por el impacto de la basura generada carecía del respaldo jurídico necesario para resistir un posible recurso judicial.

La portavoz de Vox en el área de Hacienda, Arantxa Cabello, levantó la voz para cuestionar la lógica de que los madrileños deban abonar los costos relacionados con los residuos que producen los turistas, que representan alrededor del 16,5% de la población total de la ciudad. Cabello argumentó que "madrileños no deben hacerse cargo de esos residuos".

Hidalgo defendió el modelo actual al señalar que la población flotante, a través de su consumo en restaurantes y en locales comerciales, ya contribuye al financiamiento de este servicio, así como los turistas que se alojan en hoteles que cubren la tasa correspondiente al servicio de residuo.

La delegada subrayó la incertidumbre sobre un posible tipo impositivo distinto para las viviendas turísticas, citando ejemplos de otros municipios donde iniciativas similares han sido declaradas nulas por los tribunales, como en Lloret de Mar y Málaga. Asimismo, lamentó la falta de un registro establecido de dichas propiedades en la capital.

Hidalgo expresó su descontento con la tasa de residuos actual, argumentando que es impuesta en contra del criterio de los ayuntamientos y que incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos. "La definición técnica de esta tasa es problemática, lo que deja en el aire muchas preguntas, especialmente en cuanto a los residuos de los turistas", concluyó.

Por otro lado, Cabello criticó a la administración del Partido Popular, sugiriendo que, aunque no están satisfechos con la tasa, han incrementado su monto. Según su estimación, la población flotante genera 200.000 toneladas de residuos, y cuestionó por qué esta cifra no se establece como un factor excluyente en el cálculo de la tasa, con el objetivo de evitar que esta alcance los 295 millones de euros.

Ante esta situación, Vox anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la tasa de basuras, considerándola un "impuesto encubierto" que, de forma aproximada, representaría un aumento del 30% en el valor del recibo del IBI.

Cabello instó a los miembros del Gobierno municipal a manifestar su rechazo a esta tasa y a no oponerse a las medidas legales que su partido pretende interponer, enfatizando que resulta insólito que se cobre por un servicio que no debería incluir los residuos generados por turistas y visitantes.

Por su parte, Hidalgo reiteró que la recaudación de esta tasa es una obligación legal y que el Ayuntamiento busca cumplir rigurosamente con sus deberes legales, destacando que se podría haber calculado el coste de la limpieza diaria, pero decidieron no hacerlo para no incrementar la carga sobre la ciudadanía.

Finalmente, la delegada defendió la política fiscal de su gobierno, recordando que, gracias a sus medidas, los ciudadanos han ahorrado 1.027 millones de euros y gozan del impuesto de bienes inmuebles más bajo en la historia de Madrid.