La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de interponer un nuevo recurso judicial en respuesta a la reciente aprobación de un real decreto que regula la acogida de menores migrantes en las diferentes autonomías. Este decreto, que entró en vigor esta semana, se ha convertido en el epicentro de una intensa controversia política entre el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El real decreto establece un marco claro sobre la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma y permite declarar situaciones de "contingencia migratoria" en los territorios que excedan su capacidad. Esta medida ha llevado a Madrid a presentar su tercer recurso judicial ante el Tribunal Supremo, sumándose a los que ya habían sido presentados anteriormente ante el mismo tribunal y ante el Tribunal Constitucional.

Según los detalles del decreto, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor volumen de plazas disponibles para la acogida de menores migrantes. Sin embargo, el texto establece que, en caso de que una región triplique su capacidad ordinaria, podrá solicitar la redistribución de estos menores hacia otras comunidades, generando tensiones en la gestión de la crisis migratoria.

El Gobierno central ya se pronunció sobre la asignación de menores a cada autonomía, basándose en criterios de población y esfuerzo en la acogida. A esto, Madrid ha respondido calificando el sistema de distribución como poco transparente y discriminatorio, argumentando que exacerba las desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas.

Así lo expresó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien criticó la falta de equidad del reparto y la posible violación de principios fundamentales de solidaridad entre administraciones. Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, expresó su descontento con la inclusión de ciertas comunidades en el reparto, acusando al Gobierno de trabajar con los independentistas para mantener un supuesto pacto político.

Desde el lado opuesto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, defendió la distribución argumentando que comunidades como Cataluña y el País Vasco tienen capacidad suficiente para asumir una mayor cantidad de menores migrantes. García cuestionó la incapacidad de Madrid, a pesar de ser una de las comunidades más ricas de España, para acoger a un número relativamente pequeño de niños migrantes.

El debate se ha intensificado, y miembros del PSOE han criticado la postura del Ejecutivo madrileño, acusándolo de tener una postura racista ante la acogida de menores migrantes de ciertas nacionalidades. A su vez, el Gobierno de Díaz Ayuso ha reiterado que la saturación de los centros de acogida es un problema grave, citando datos alarmantes sobre la sobreocupación de estos establecimientos.

Con respecto a la legalidad del reparto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sostiene que las normativas violan competencias autonómicas y ha decidido presentar varios recursos judiciales. En este contexto, la consejera de Asuntos Sociales ha dejado claro que su administración cumplirá con la ley, aunque sujeta a los resultados de los procedimientos judiciales en curso.