En la jornada del 29 de agosto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, representada por Ana Dávila, ha alertado sobre la grave situación en los centros de protección para menores migrantes en la región, describiendo un estado de "tensión y colapso". La sobrecarga de estos centros se encuentra actualmente entre un 130% y un 150%, especialmente durante estos meses críticos.

Durante un evento celebrado en Arganda del Rey, Dávila afirmó que el sistema de protección infantil enfrenta "un significativo riesgo" como resultado de la "temeraria política migratoria" implementada por el Gobierno central. Este comentario refleja la creciente preocupación en la comunidad sobre la gestión de la crisis migratoria.

La consejera recordó que la Comunidad de Madrid ha estado lidiando con las consecuencias de la crisis migratoria durante los últimos dos años, lo que ha llevado a que se reconozca la saturación de los centros a través de la necesidad de abrir nuevas instalaciones, como el centro de La Cantueña en Fuenlabrada. Esta decisión fue impulsada por la saturación de los servicios existentes, una realidad confirmada por los técnicos que trabajan en el área.

Al ser consultada sobre el cumplimiento de un real decreto que ordena el traslado de menores migrantes entre comunidades, Dávila enfatizó el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la ley. Sin embargo, advirtió que este decreto está siendo cuestionado ante el Tribunal Constitucional por 11 comunidades autónomas y que está en proceso de revisión, por lo que es necesario "mantener la prudencia" en la situación actual.

En cuanto a los recursos disponibles para acoger a los 647 menores migrantes que, según el Gobierno nacional, deben ser recibidos por Madrid, la consejera subrayó la importancia de conocer "el plan del Gobierno para estos menores". Ella insistió en la necesidad de aclarar la estrategia, especialmente considerando la reciente orden del Tribunal Supremo al Gobierno para hacerse cargo de 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias, que permanece sin respuesta tras casi 200 días.