La reciente reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España ha culminado sin un acuerdo significativo, en medio de la creciente preocupación por un plan de movilidad ante las obras de soterramiento en la A-5. Esta situación ha llevado al Consistorio a acusar al Ministerio de Transportes de una notable "deslealtad", al no consensuar las propuestas en el marco de la reunión, que se celebró el pasado martes.

En declaraciones a la prensa después del encuentro, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, expresó su descontento al señalar que el Ministerio había optado por informar a los medios sobre sus planes antes de discutirlos con las autoridades locales. Carabante criticólas "excusas" presentadas por el Ministerio, que argumentaba la necesidad de retrasar las obras debido a un supuesto aumento en la capacidad de las Cercanías.

El delegado remarcó la falta de explicaciones claras sobre las obras que el Ministerio de Transportes alegaba ser necesarias para mejorar las alternativas de Cercanías. Con base en los datos proporcionados por el propio Ministerio, afirma que existe una capacidad para incorporar hasta 47,700 plazas adicionales sin necesidad de realizar nuevas obras, cuestión que Carabante considera contundente respecto a la suficiencia de plazas y capacidad.

Desde la óptica del Ayuntamiento, la reunión fue catalogada como “decepcionante”, acusando al Ministerio de brindar “excusas de mal pagador” en lugar de comprometerse a reforzar el sistema de Cercanías, algo que desde el Ministerio se desmiente, asegurando que el refuerzo se sitúa entre un 25 y un 40%.

Las divergencias no solo afectan al área metropolitana de Madrid, sino que también se extienden a otros municipios, como Alcorcón, en relación a la cuestión de la gratuidad de la radial R-5, cuya activación es vista por Carabante como una necesidad para tratar de manera justa a Madrid, citando casos como la AP7 en Alicante, que es gratuita y financiada por el Ministerio.

En este contexto, Carabante afirmó que el Gobierno pretende cargar a los ayuntamientos el coste del peaje de la R-5, describiendo estas demandas como “excusas” y señalando que todos los alcaldes, excepto la alcaldesa de Alcorcón, piden la liberalización de esta carretera.

Por otro lado, el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, mostró la disposición del Gobierno para discutir un convenio de financiación que posibilite la gratuidad de la R-5; sin embargo, también criticó la falta de voluntad del Ayuntamiento de Madrid para colaborar en términos de financiación.

Carabante, en línea con su posición, destacó que existe un consenso a nivel técnico sobre la urgencia de aliviar el tráfico en la zona, pero acusó al Ministerio de falta de decisión para fortalecer de manera definitiva las Cercanías, perpetuando un ciclo de excusas y retrasos.

En lo que respecta a la necesidad de posponer los trabajos, el delegado recordó que estas obras ya estaban en el calendario desde su licitación en febrero y adjudicación en junio, sosteniendo la urgencia de su ejecución.

Señaló que la obra es de vital importancia no solo para la capital, sino también para los vecinos del área metropolitana, destacando que la presión de la oposición política ha sido clara en la exigencia de cumplir con los plazos. “Es esencial que comencemos con los desvíos de tráfico antes de que finalice el año”, afirmó.

El secretario general de Movilidad Sostenible persistió en mantener un “clima de colaboración”, asegurando que el refuerzo en Cercanías representará entre un 25 y un 40% de incremento del servicio.

Fernández Heredia subrayó la importancia de este esforzado incremento, mencionando comparativas con otras empresas de transporte, como el Metro de Madrid y EMT, que han presentado mejora en sus servicios, mientras que otras, como los servicios interurbanos, están recortando su oferta.

Avanzando en su estrategia para el sistema de Cercanías, el secretario explicó que los planes incluyen la potenciación del servicio de la C-5, mencionando la posibilidad de reducir la frecuencia de cinco a cuatro minutos, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y capacidad para los usuarios.

Fernández Heredia concluyó su intervención planteando que el proceso de ejecución de estas obras debe ser consultivo y consensuado, destacando la falta de atención a las necesidades reales de las administraciones y vecinos afectados.

Finalmente, enfatizó que la financiación de estas obras recae sobre el Ayuntamiento de Madrid, insistiendo en la necesidad de un carril bus que garantice fluidez en el tránsito dentro de la capital, concluyendo con cifras que indican que el refuerzo de Cercanías podría agregar entre 50,000 y 100,000 plazas adicionales en total durante las horas punta.