El mes de abril se presenta como un período de intensas movilizaciones en las universidades públicas de Madrid, orquestadas por docentes y alumnos quienes han programado una serie de protestas que culminarán en una huelga el día 28.

Las tensiones entre los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid—Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III—y el Gobierno regional han aumentado significativamente en los últimos meses, marcando un nuevo capítulo en su lucha por una adecuada financiación.

En diciembre pasado, tras presiones de los rectores, el Ejecutivo regional incrementó la asignación presupuestaria para las universidades en 47 millones de euros dentro del Proyecto de Presupuestos de 2025. Sin embargo, actualmente ambas partes se encuentran en medio de un proceso de negociación para definir la financiación en el marco de la propuesta de la nueva ley de universidades regional, conocida como Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), de la que solo existe un borrador preliminar.

Las instituciones académicas han expresado repetidamente su situación de “insostenibilidad económica” e “infrafinanciación”, haciendo un llamado a que la nueva ley incluya un “modelo de financiación plurianual”. Dicha solicitud ha sido incorporada al borrador de la Consejería de Educación, que contempla un modelo dividido en tres secciones: básica para personal e inversiones, específica según necesidades y una tercera centrada en objetivos.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido la asignación que el Gobierno regional otorga a las universidades, asegurando que se trabaja en un modelo revisable cada cinco años, en respuesta a las demandas de los rectores. En sus declaraciones el pasado 8 de abril, Viciana resaltó que “hay pocas regiones en el mundo que logren destinar el 4% de su presupuesto a las universidades”, como lo hace Madrid.

Durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea, el consejero enfatizó que “ninguna universidad recibirá menos financiación”. Según él, el nuevo sistema de financiación incluirá partidas específicas para objetivos, nuevas herramientas como préstamos interuniversitarios y la posibilidad de gestionar fondos propios mediante colaboraciones público-privadas.

A pesar de estas afirmaciones, los rectores ya habían alertado en noviembre de 2024 sobre la “insostenibilidad económica del sistema” en una carta dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En dicha carta, mencionaron que el borrador inicial de los Presupuestos Regionales de 2025, que apenas sí contemplaba un aumento del 0,9% hasta alcanzar los 1.052 millones de euros, era preocupante para el estado financiero de las universidades.

Los rectores subrayaron que si se confirmaba ese aumento, la ya crítica situación de estas instituciones podría volverse catastrófica en un futuro cercano. En respuesta a estas alarmas, Ayuso propuso posteriormente un aumento adicional de 47,3 millones de euros, representando un incremento del 4,2% respecto a 2024. Sin embargo, los rectores consideraron que este aumento seguía siendo “insuficiente”, insistiendo en que se requería un incremento de 200 millones más.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) anunció que se vería forzada a reducir sus gastos en un 35% debido a la falta de recursos. En un mensaje dirigido a la comunidad educativa, la universidad advirtió que la inversión en infraestructuras era preocupante y que la asignación presupuestaria no cubría los costos de personal, que representan el 68,3% de su presupuesto.

La falta de financiación ha sido temporariamente solventada con partidas que las universidades recibieron en años anteriores por dictámenes del Tribunal Supremo, los cuales obligaron a la Comunidad de Madrid a entregar más de 280 millones de euros por el incumplimiento en los planes de financiación durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Sin embargo, esos recursos se han agotado.

La preocupación manifestada por los rectores se ha extendido hacia la comunidad educativa, que teme por la calidad de la enseñanza. En respuesta, diversas plataformas de las seis universidades y asociaciones estudiantiles han organizado protestas contra lo que consideran una “asfixia económica”, que culminarán en una huelga el próximo 28 de abril.

A principios de abril, un grupo de profesores y alumnos de la UCM realizó un encierro voluntario en la facultad de Matemáticas, seguido de una concentración frente al rectorado demandando mejores condiciones para garantizar la calidad de la enseñanza y la investigación.

Las demandas incluyen la preocupación por la creciente dependencia del capital privado, el aumento de tasas, la liberalización del sector educativo y la interferencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria. Los rectores y el consejero de Universidades continúan en conversaciones para alcanzar una solución que evite un agravamiento de la situación económica.