MADRID, 5 Dic. - El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este martes enviar un requerimiento al Gobierno central para anular un contrato aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El contrato tiene como objetivo desarrollar el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia y crear un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados. El Gobierno autonómico considera que este contrato invade sus competencias y esta decisión es el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según informó el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Viciana recordó que el pasado 14 de noviembre, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad envió una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 expresando la oposición del Gobierno regional a la creación de este servicio sin la consulta a las comunidades autónomas. Según Viciana, este requerimiento al Ejecutivo central es un intento de evitar tener que recurrir al Constitucional.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que el contrato viola la competencia exclusiva de la autonomía en materia de protección y tutela de menores, como lo establecen el artículo 26.1.24 del Estatuto de Autonomía y el artículo 93 de la Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno autonómico sostiene que las atribuciones que el Ministerio de Juventud e Infancia pretende tomar a través de este programa no son de competencia estatal y, por lo tanto, la formalización del contrato constituye una injerencia e interferencia unilateral, indeseada y perturbadora de las competencias autonómicas, según el informe de la Abogacía General.

En virtud del artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Consejo de Gobierno exige al Gobierno de la Nación que anule el contrato debido a su incompetencia material. Viciana también señaló que actualmente hay 4.000 menores bajo alguna medida de protección en la Comunidad de Madrid y que aumentarán en más de un 30% las ayudas mensuales a las familias acogedoras para 2024.