En un desarrollo reciente en el ámbito judicial español, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investigue a la asesora del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera. Esta petición surge en el contexto de la investigación que se lleva a cabo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha estado en el ojo del huracán tras la entrega de un acta notarial por parte del ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato. Dicho documento atestigua que Lobato envió un correo electrónico en el cual se revelan pinchazos que involucran a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que reconocen delitos fiscales.

En un escrito que ha sido obtenido por Europa Press, el ICAM argumenta la necesidad de que la magistrada cite a declarar a Sánchez Acera como investigada, al considerar que su testimonio sería "útil, necesario y pertinente" para el caso. Esta solicitud recalca la importancia de cada figura involucrada en la investigación, dadas las implicaciones legales y políticas que podrían derivarse de la misma.

El fundamento de la solicitud radica en las declaraciones realizadas por el testigo Juan Lobato, quien sugiere que es imprescindible recabar la versión de Sánchez Acera debido a su papel como interlocutora en las comunicaciones a través de WhatsApp. Se establece que ella era, de facto, la "fuente" del "documento nuclear" que es objeto de escrutinio en esta instrucción judicial. Este giro en el caso pone de manifiesto la complejidad de la situación y el potencial impacto que podría tener en la política madrileña, así como en la imagen del Gobierno actual.