En Madrid, este martes, cientos de manifestantes han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se tomen medidas con respecto a la memoria de las torturas que tuvieron lugar en la Real Casa de Correos durante el franquismo, cuando era la Dirección General de Seguridad (DGS).

Los grupos convocantes han pedido la instalación de una placa, similar a las existentes en honor al 2 de Mayo, las víctimas del 11-M y del Covid, para informar a todos los transeúntes sobre lo que ocurrió durante la dictadura. También han solicitado la apertura al público del sótano, donde se encontraban los calabozos en aquel tiempo.

Durante la protesta, se han coreado consignas como "sin memoria no hay democracia" y "hay que juzgar al franquismo como criminal". Los manifestantes se han agrupado detrás de una pancarta que rezaba 'DGS, lugar de represión franquista, DGS lugar de memoria'.

Entre los presentes había personas que vivieron en carne propia el encierro en la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. Julio Pacheco, detenido en 1975 por su afiliación al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), ha descrito un ambiente de "aislamiento total, sin referencias temporales y sometido a constantes agresiones".

"No sabías si era de día o de noche porque siempre había luz artificial. Te sentías desamparado, impotente, frente a personas que podían hacer contigo lo que quisieran", ha rememorado, mostrando su decepción por la ausencia de una placa conmemorativa.

Al preguntarle sobre su persistencia más de cinco décadas después de su arresto, otro manifestante presente ha señalado que la postura del Gobierno regional pone de manifiesto "el borrado y blanqueo de una parte fundamental de la historia de España para algunas generaciones".

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) también se ha sumado a la concentración, lamentando que España aún tenga pendiente la recuperación de su memoria democrática. Ha destacado el papel del movimiento vecinal y recordado que muchos de sus integrantes sufrieron la represión de la dictadura, incluyendo torturas y asesinatos por parte de los cuerpos represivos.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su recurso ante el Tribunal Constitucional y en todos los ámbitos posibles contra la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria. Ha denunciado el uso de la Ley de Memoria Democrática "para socavar la Transición" y ha defendido que esta medida invade las competencias autonómicas.

El Gobierno regional ya ha presentado alegaciones contra la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, argumentando que interpreta de forma tendenciosa la historia y vulnera sus competencias en la gestión del patrimonio. También critica la falta de comunicación previa por parte del Ejecutivo central antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desde la Comunidad de Madrid sostienen que la Real Casa de Correos cuenta con la máxima protección como Bien de Interés Cultural y consideran que la iniciativa del Gobierno central carece de los requisitos establecidos por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Afirman que, de llevarse a cabo, esta declaración sería contraria a la normativa que pretende aplicar.