CEIM critica el registro de horarios de Díaz, considerándolo una represalia tras su fracaso en la reforma laboral.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha manifestado su preocupación ante el nuevo registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Durante una entrevista en 'Onda Madrid', el líder empresarial calificó esta iniciativa como una maniobra de “venganza” tras el fracaso del proyecto que buscaba la reducción de la jornada laboral en el Congreso.
Garrido apuntó que la intención de Díaz parece ser imponer su criterio a través de un enfoque unilateral, lo que ella asume como un legado personal. "Ella quiere ser recordada como la responsable de implementar las 37,5 horas en nuestro país, pero sus acciones parecen más una represalia que una solución", afirmó el presidente de CEIM.
El dirigente empresarial instó a Yolanda Díaz a reconocer que su propuesta no cuenta con el respaldo necesario en el Parlamento. Aseguró que los empresarios están abiertos al diálogo y dispuestos a llegar a acuerdos, mencionando que en las negociaciones de convenios colectivos ya se han contemplado reducciones de jornada, cuando ha sido posible hacerlo de manera consensuada.
Garrido también reforzó la idea de que tanto empresarios como sindicatos están familiarizados con los procesos de negociación. “Históricamente, hemos encontrado soluciones que benefician a ambas partes cuando se negocia en igualdad. Sin embargo, la imposición unilateral no es el camino a seguir”, aseguró.
A pesar de que el panorama económico general muestra un crecimiento, Garrido destacó que las pequeñas y medianas empresas se encuentran con mayores dificultades, alertando sobre la necesidad de que las políticas laborales sean sensibles a estas realidades. “El aumento de los costes ha llevado a muchas a un punto crítico. Debemos encontrar una forma de asegurar la aplicación de las normativas sin ahogar a las empresas”, insistió.
En semanas recientes, el Ministerio de Trabajo presentó un nuevo proyecto de Real Decreto para regular el registro de jornada y el derecho a la desconexión laboral, aunque todas estas medidas no se materializarán sin enfrentar adecuadas consideraciones. Además, se explorará la posibilidad de sanciones que podrían alcanzar los 10.000 euros a aquellas empresas que incumplan los protocolos establecidos en relación con estas nuevas normativas.
Ya se anticipa que, a pesar de que el proyecto de ley que planteaba la reducción de la jornada no se haya concretado, el registro horario será implementado con premura, sin esperar una nueva ronda de negociaciones. Se señala que esta medida fue objeto de un largo proceso de discusión entre patronales y sindicatos, aunque el diálogo culminó sin un acuerdo satisfactorio para ambas partes.