En el corazón de Madrid, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha salido en defensa de los 116 cantones de la ciudad, afirmando que estos no han causado molestias ni ruidos a los vecinos. Sin embargo, la controversia ha sido avivada por el concejal de Vox, Ignacio Ansaldo, quien ha exigido la dimisión de Carabante, acusándolo de actuar en contra de los intereses de los residentes en Montecarmelo.

Durante la sesión del Pleno de Cibeles este martes, Ansaldo arremetió contra Carabante, alegando que su comportamiento revela una creencia de que está por encima de la ley. Esto, a raíz de una decisión del juzgado contencioso-administrativo 9 de Madrid, que ha declarado nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo debido a la falta de una evaluación ambiental adecuada.

El edil de Vox apuntó que Carabante ha estado aplicando una normativa de terrazas considerada ilegal y una ordenanza de movilidad que, según él, vulnera los derechos de los ciudadanos. Además, acusó al delegado de tener retenidos numerosos vehículos en garajes de distritos como Centro y Plaza Elíptica.

Ansaldo también destacó que Montecarmelo, parte del distrito de Fuencarral-El Pardo, alberga a 26.000 habitantes, incluyendo dos colegios con 4.000 alumnos y una guardería que cuida a casi 200 bebés. Este barrio, según su descripción, cuenta con espacios verdes donde los residentes disfrutan de actividades al aire libre con sus familias y mascotas.

En respuesta, Carabante insistió en que ninguno de los cantones de Madrid ha generado polémica ni incomodidad entre los vecinos, afirmando que el Defensor del Pueblo apoya su declaración. Lamentó las afirmaciones de que existan problemas como ratas o amianto en estos espacios públicos.

El delegado de Urbanismo recordó que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha mencionado que estas preocupaciones suelen ser un recurso usado por la izquierda. Reiteró que los cantones deben estar ubicados cerca de áreas de trabajo, y las actividades que generan allí no deberían afectar negativamente a los residentes.

Carabante resaltó el compromiso de alrededor de 5.000 trabajadores que, según él, realizan diariamente una labor esencial y agregó que la sentencia del juzgado no cuestiona la ubicación del cantón, sino el procedimiento a seguir, lo que a su juicio, no justifica la oposición de algunos sectores.

Defendió que los servicios públicos están en proceso de apelar la resolución judicial, destacando que esta no impide el funcionamiento del cantón ni indica perjuicios para los vecinos cercanos. Criticó a Ansaldo por perpetrar un discurso con tintes socialistas, desviando la atención de la realidad de los cantones existentes en la capital.

Por su parte, la concejala del PSOE, Emilia Martínez, ha instado al alcalde Almeida a abordar las preocupaciones de los más de 14.000 vecinos que han firmado peticiones en contra de la ubicación del cantón, pidiendo una reunión para dialogar sobre este conflicto.

Martínez subrayó que aún hay oportunidad para resolver este desacuerdo, recordando el compromiso del Ayuntamiento de no iniciar las obras hasta lograr un consenso con la comunidad, una promesa hecha el 8 de mayo de 2023.

Desde la oposición, el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, ha criticado la falta de transparencia y la opacidad del gobierno municipal. Exigió la revisión de la decisión de instalar un megacantón cerca de instituciones educativas y áreas residenciales, sosteniendo que tal decisión es una muestra de absolutismo y desconexión con las necesidades de los ciudadanos.

Nieto concluyó su intervención acusando al gobierno de clasismo, sugiriendo que la verdadera clase dirigente es aquella que ignora la oposición legítima de la comunidad afectada, y exhortó a Carabante a reconocer que la ubicación del cantón cambió cuando se percataron de sus implicaciones personales.