Se anticipa que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no asistirá en persona a la nueva cita judicial, en medio de un contexto en el que se sopesan solicitar la imputación del propio Pedro Sánchez.

En Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha convocado a Gómez para este lunes a las 17:30 horas, con el fin de informarle que, en el caso de ser juzgada, lo hará ante un jurado popular. Esto incluye múltiples acusaciones graves que van más allá de la simple malversación, abarcando corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Esta es la sexta ocasión en que Gómez comparece ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En sus primeras dos apariciones, optó por guardar silencio, mientras que en las siguientes eligió responder únicamente a su abogado. En la última, resolveu no presentarse, siendo representada por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

En la audiencia del 27 de septiembre, el juez le notificó que si llegara a ser juzgada por el caso de malversación ligado a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, el juicio sería ante un jurado popular. Ante esta posibilidad, su defensa se amparó en una circular de la Fiscalía que alega que la presencia de los acusados no es esencial en estos procedimientos.

Peinado ha requerido que tanto Gómez, Álvarez, como el empresario Juan Carlos Barrabés, también acusados, deben asistir obligatoriamente con sus respectivos abogados. A pesar de esto, fuentes de su defensa han indicado que es probable que Gómez no comparezca en esta ocasión, igual que en la anterior.

Además, se prevé que las defensas soliciten el archivo del caso mientras que las acusaciones públicas, lideradas por la organización Hazte Oír, buscarán nuevas diligencias. Según se ha informado, Iustitia Europa está contemplando pedir la imputación del presidente Sánchez, lo que requeriría que el juez Peinado presentara una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.

El juez abrió esta investigación en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de aprovechar su posición como esposa del presidente para recomendar a empresarios en procesos de licitación pública. Se le imputaron delitos de corrupción y tráfico de influencias, considerándose que dicha relación es clave para entender las acciones supuestamente delictivas de Gómez.

A lo largo del proceso, se han añadido nuevas investigaciones a raíz de otra denuncia presentada por Vox, relacionada con irregularidades en el registro de un software de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que Gómez codirigía. Esto ha llevado a añadir acusaciones de apropiación indebida de marca e intrusismo.

En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la continuación de las pesquisas a Gómez, señalando la importancia de los contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha, incluyendo aquellos que no contaron con financiamiento europeo.

A pesar de las complicaciones legales que enfrenta, en enero de 2024, una decisión de la Audiencia de Madrid declaró nulo el registro realizado en el domicilio y oficina de Barrabés, argumentando que el juez no fundamentó adecuadamente su petición.

Gómez ha desvinculado su nombre de los contratos sospechosos, argumentando que las cartas de recomendación que firmó son prácticas comunes en la contratación pública y subrayando que no se beneficiaron a empresas asociadas a Barrabés. Además, señala que instituciones como el Ayuntamiento de Madrid también han utilizado formatos similares.

En cuanto a la acusación de apropiación indebida de marca, defiende que el registro del logo asociado a la cátedra se realizó bajo las indicaciones de la UCM y que no persiguió fines lucrativos.

Su defensa sostiene que no hay evidencia de que Gómez interviniera en el nombramiento de su asesora ni en los pagos de la misma, subrayando que, como cónyuge del presidente, no ocupa un cargo público ni realiza funciones institucionales oficiales.

El abogado también apunta que las gestiones realizadas por trabajadores en el ámbito público a menudo involucran conexiones personales y no deberían ser vistas como delitos. Refuerza su posición diciendo que no existe un marco legal que regule el rol de la esposa del presidente, lo que complica la interpretación de sus actividades durante la investigación.

Asimismo, ha resaltado que el intercambio de correos entre la asesora y la UCM evidencian que Gómez era quien manejaba los temas relacionados con la cátedra, y no que la asesora actuara exclusivamente en ese ámbito.