La reciente controversia sobre el llamado "dumping fiscal" en la Comunidad de Madrid ha generado una fuerte respuesta por parte de las autoridades regionales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido acusada de desinformación respecto a la situación fiscal de la región.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, expresó su descontento durante una rueda de prensa en Móstoles. Este desacuerdo surge a raíz de declaraciones de Díaz que se alinean con las críticas previamente emitidas por el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien había lanzado acusaciones similares durante una entrevista reciente.

García Martín afirmó que las acusaciones de la ministra podrían deberse a una falta de conocimiento, a una falta de madurez política, o incluso a un intento deliberado de confundir a los ciudadanos españoles. “No hay otra explicación para este tipo de comentarios”, añadió el consejero con contundencia.

El consejero también mencionó una publicación en redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde subrayó que la región representa el 70% de la recaudación en la caja común del país. Argumentó que los impuestos aportados por los madrileños no solo financian los servicios locales, sino que también ayudan a sustentar los servicios en otras comunidades autónomas.

García Martín hizo hincapié en que, de cada 100 euros recaudados, Madrid retiene solo un 20% mientras que el 80% va al Gobierno central. Esta dinámica, según el consejero, es fundamental para entender la importancia de la región en el sistema fiscal español.

En su defensa, García Martín alertó sobre el riesgo de convertir a la Comunidad de Madrid en un "infierno fiscal", similar a la situación que, a su juicio, se vive actualmente en Cataluña y en el país en general, aludiendo a las "90 subidas de impuestos" que a su entender son responsabilidad del presidente Pedro Sánchez.

El consejero concluyó que Madrid no está violando ninguna norma relacionada con el "dumping" fiscal, argumentando que las reglas fiscales son uniformes para todas las comunidades autónomas, las cuales poseen la capacidad de modificar sus tasas impositivas. Resaltó que un gobierno de corte liberal, como el de Ayuso, ha optado por reducir impuestos como una estrategia para aumentar la recaudación, evidenciando que, históricamente, una menor presión fiscal genera mayor actividad económica y, por ende, fortalece los servicios públicos.