Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado un innovador Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027, que busca aumentar la oferta de viviendas protegidas. La estrategia incluye la posibilidad de transformar suelos destinados originalmente a alojamientos hoteleros en terrenos para la construcción de viviendas asequibles, además de un aumento en la operación del Plan Vive, que promueve el alquiler accesible, y la reducción de los costos de construcción.

La presentación tuvo lugar en la Real Casa de Correos, donde Díaz Ayuso estuvo acompañada por varios alcaldes, incluida Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Este evento congregó a líderes locales que apoyan la iniciativa con un enfoque en el acceso a la vivienda.

La dirigente madrileña enfatizó que el nuevo plan introduce 15 iniciativas adicionales al anterior, cuyas diez medidas iniciales ya se han cumplido en un 90%. Esta continuidad refuerza su compromiso con el tema habitacional, al que considera una prioridad crucial para los ciudadanos.

Ayuso afirmó que la cuestión de la vivienda debe ser abordada sin prejuicios ni falta de visión, señalando además que el "exceso de burocracia" y las "leyes sectarias" son factores que elevan los precios del mercado inmobiliario. Esta perspectiva pragmática busca romper con la parálisis administrativa que ha caracterizado algunas políticas anteriores.

En declaraciones de Piquet, el plan es descrito como "ambicioso", asegurando que no se trata de un mero anuncio, sino de una respuesta efectiva a un desafío serio y urgente que enfrentan los ciudadanos en términos de vivienda. "Mientras otros se quedan en las palabras, Madrid está tomando acción", afirmó la presidenta de la FMM.

Una de las propuestas clave del plan incluye un aumento del 20% en la densidad y un 10% en la edificabilidad en terrenos dedicados a vivienda protegida, lo que permitirá agilizar el proceso de construcción sin necesidad de reestructurar el planeamiento urbanístico actual. También se instrucirá a que cada inmueble disponga de una sola plaza de garaje, lo que reducirá los costos de construcción de forma significativa.

Las modificaciones en el uso de inmuebles también son parte del plan para expandir la zona de vivienda protegida, facilitando la conversión de terrenos antes destinados a hoteles. Este cambio es visto como esencial para atender la demanda creciente de viviendas asequibles en la región.

Además, la Agencia de Vivienda Social (AVS) se verá fortalecida con la incorporación de 500 nuevos hogares destinados a familias en situación vulnerable, elevando la cifra total a 2.100 viviendas disponibles, demostrando así un enfoque social en la oferta habitacional.

Se establecerá la nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda, un organismo encargado de facilitar el contacto entre la administración y los ciudadanos, agilizando trámites y mejorando el acompañamiento a quienes buscan una vivienda.

Asimismo, se permitirá la construcción de vivienda protegida en suelos de propiedad privada y se presentará un Plan Territorial que tiene como objetivo organizar y planificar la creación de vivienda, identificando áreas propicias para futuros desarrollos urbanos.

El Plan Vive también se ampliará, con una meta de ofrecer hasta 14.000 viviendas en alquiler a precios accesibles en más de veinte localidades, incluyendo un programa específico para jóvenes que incrementará la oferta para menores de 35 años, incorporando nuevas ciudades como Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada.

La AVS también se encargará de proporcionar nuevos hogares para los más necesitados y certificar el cumplimiento de altos estándares de calidad en las viviendas a través del Plan Alquila, que ofrecerá un sello de calidad a las residencias que cumplan con las normativas establecidas.

Entre las innovaciones, se introducirá el Plan Comparte Intergeneracional, que fomentará la cohabitación de personas mayores con jóvenes, así como una extensión del programa “Mi Primera Vivienda”, que ampliará el límite de edad para acceder a avales públicos hasta los 50 años e incluirá nuevas construcciones entre las opciones de financiamiento.

La Comunidad de Madrid también dará un paso adelante con la creación de una aceleradora urbanística, que apoyará a los municipios en la movilización de suelo, la agilización de licencias y la reducción de tiempos de trámite. Además, la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se propone facilitar la disponibilidad de terrenos para vivienda, desbloqueando proyectos en curso.

Finalmente, se formará el primer Consorcio Urbanístico Público-Privado en Leganés, que permitirá la construcción de 4.300 viviendas y se abrirá un nuevo instituto público de Formación Profesional dedicado a la Edificación y la Obra Civil para el curso 2025/26, apoyando así la formación en un sector clave para el crecimiento regional.