En la ciudad de Madrid, el próximo jueves la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, inaugurará las obras de la tan esperada Ciudad de la Justicia, un ambicioso proyecto que busca centralizar 26 sedes judiciales en un moderno complejo situado en la zona de Valdebebas.

El evento comenzará a las 12:30 en la Avenida de las Fuerzas Armadas, cerca del intercambiador. En esta ocasión, se sembrará un roble, en representación de la Justicia y la fortaleza de las instituciones. También se espera la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quienes participarán juntos en la ceremonia, como han dado a conocer en sus agendas oficiales.

Este nuevo complejo judicial será el más grande del mundo, diseñado en base a una estructura cuadrada que incluirá amplias áreas verdes y una significativa avenida central de casi 10,000 metros cuadrados que conectará todos los juzgados. Este desarrollo fue revelado al público en una presentación realizada en mayo.

Las obras están programadas para completarse en un plazo de 36 meses y abarcan un total de medio millón de metros cuadrados de construcción, con 40,000 metros reservados para espacios verdes y edificios de diseño inteligente. Los arquitectos encargados del proyecto planean implementar cubiertas vegetales, jardines verticales y maximizar la luz natural en el interior de los edificios para reducir el consumo energético.

Una amplia plaza de 13,500 metros cuadrados, dotada de zonas ajardinadas, una fuente central y aparcamientos para bicicletas, será el primer espacio que verán los ciudadanos al llegar a este importante lugar.

Se estima que a diario más de 33,000 personas visitarán la Ciudad de la Justicia. En el centro de este complejo se encontrará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), diseñado por el renombrado estudio de arquitectura Lamela, que espera convertirse en un ícono arquitectónico del recinto.

A flancos del TSJM, se ubicarán la Audiencia Provincial, constituida por dos edificios enlazados en su segunda planta mediante una sala de macrocausas con capacidad para 200 personas. Una gran avenida central unirá todos los juzgados, archivos, depósitos, cafeterías, guarderías y áreas de seguridad.

El enfoque del diseño prioriza la entrada de luz natural y la amplitud de los espacios, facilitando así la fluidez en la gestión laboral. Este sector del complejo ha sido diseñado por el estudio Fenwick Iribarren.

La nueva Ciudad de la Justicia estará interconectada con el intercambiador de transportes cercano, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, promoviendo una integración funcional y accesible en la ciudad.

Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comunicó que el Gobierno regional ahorrará 80 millones de euros gracias al cierre de sedes judiciales arrendadas, que se eliminarán gracias al traslado a este nuevo complejo, así como por la redistribución de espacios de consejerías que antes estaban destinados al ámbito judicial, como es el caso del edificio de Plaza Castilla.

La Ciudad de la Justicia es un proyecto que ha revivido bajo la dirección de la presidenta Ayuso, falleciendo en intentos anteriores de la exdirigente Esperanza Aguirre, cuya gestión no logró avanzar en la creación de este ambicioso complejo durante su primer mandato.

En el año 2005 se estableció una empresa pública con el objetivo de construir un conjunto de 14 edificios interconectados mediante túneles, que albergarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las obras fueron paralizadas y abandonadas tras cuatro años, tras haber consumido 355 millones de euros, lo que ha llevado a una investigación judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.

Como consecuencia de este caso, la Audiencia Nacional sentenció a siete años de prisión a Alfredo Prada, quien fue vicepresidente y exconsejero de Justicia durante el primer mandato de Aguirre, por un delito de prevaricación y malversación en relación con el fallido Campus de la Justicia entre 2005 y 2011, donde se vinculan múltiples contratos que totalizan 40 millones de euros.