En un reciente encuentro con los medios, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su preocupación ante lo que considera un plan del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar las fiscalías de sala, insinuando que esto se hace con el fin de colocar a personas afines en posiciones clave.

Según Ayuso, la intención del Ejecutivo es duplicar las funciones de la Fiscalía Anticorrupción, lo que, en su opinión, no es más que un intento de incrementar el número de fiscales de alto rango que controlen la Junta de Fiscales de Sala y, por ende, toda la estructura del Ministerio Público.

La presidenta ha denunciado que este movimiento representa una nueva etapa en la "demolición del Estado de derecho" que, según su perspectiva, está llevando a cabo el Gobierno, y ha hecho un llamado a la oposición y a la ciudadanía para frenar esta tendencia.

Por su parte, la Asociación de Fiscales ha reaccionado ante esta situación, calificando de "inconcebible" la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de nombrar al nuevo fiscal coordinador de delitos contra la Administración Pública, quien tendrá la responsabilidad de establecer criterios en la Fiscalía, entre ellos, en un tema tan delicado como el de la revelación de secretos, por el cual se está investigando a García Ortiz mismo.

Los miembros de la asociación han expresado que resulta inaceptable que la máxima autoridad fiscal sea quien decida sobre la unificación de criterios en cuestiones que pueden implicar su propia responsabilidad ante el Tribunal Supremo. Esta declaración se produce tras la reciente convocatoria del Ministerio de Justicia para cubrir varias plazas en la carrera fiscal, destacando especialmente la de fiscal de sala coordinador en el ámbito mencionado.