El pasado 14 de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se contuvo y lanzó duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar los "poderes del Estado" para hostigar a sus adversarios políticos, centrándose en su propia situación. Durante un desayuno informativo en el que participó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso hizo hincapié en la reciente decisión del Tribunal Supremo de convocar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para declarar como imputado el próximo 29 de enero. Esta declaración está relacionada con la investigación sobre la presunta filtración que afecta a Alberto González Amador, pareja de García Ortiz.

En sus declaraciones, Ayuso fue clara al señalar que esto confirma lo que ella califica como una "operación de Estado" diseñada por Sánchez y su equipo para atacar a un adversario político, refiriéndose a sí misma. La presidenta enfatizó que el auto del Tribunal demuestra que han existido "dinámicas delictivas" que deberían preocupar a todos los ciudadanos.

Además, Díaz Ayuso expresó su indignación por el hecho de que el Gobierno de España esté utilizando la Fiscalía para, según sus palabras, "dinamitar el Estado de derecho" y vulnerar los derechos de los ciudadanos. Su preocupación llegó a señalar que esto representa una amenaza al Estado de derecho que afecta a todos los españoles.

Frente a esta situación, Ayuso no dudó en demandar la dimisión tanto del fiscal general del Estado como de los miembros que forman parte de este entramado, advirtiendo que su permanencia en el cargo es un peligro para el Estado de derecho. En un tono igualmente contundente, afirmó que el presidente del Gobierno también debería dimitir, ya que representa una amenaza para el bienestar de España. Sin embargo, dejó claro que, aunque se deben "salvar las distancias", esta situación remite al histórico caso del 'Watergate', ya que se están utilizando los "poderes del Estado contra un rival político".