Se plantea una inquietante cuestión en torno a los mensajes que fueron objeto de controversia, mientras la atención se centra en lo que algunos califican como una "operación de Estado" dirigida contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un hecho que ha suscitado numerosas críticas, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó este lunes sus profundas preocupaciones sobre la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, de emitir una comisión rogatoria que solicita a plataformas como WhatsApp y Google que faciliten información relacionada con las cuentas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

García Martín no escatimó en calificaciones y definió como "lamentable" que un juez de tan alta jurisdicción se viera en la necesidad de pedir asistencia a estas empresas para reconstruir lo que podría ser evidencia crucial, la cual, según se alega, el propio fiscal general habría intentado eliminar.

El consejero también subrayó la gravedad de las acusaciones, al señalar que se presume que el fiscal general ha actuado de manera reprobable al borrar mensajes y llamadas, e incluso cambiar su dispositivo móvil, lo que podría interpretarse como un intento de obstruir la justicia.

García Martín lanzó una pregunta inquietante: “¿A quién incriminaban esos mensajes que llevan la dirección del Palacio de la Moncloa?", sugiriendo que hay un trasfondo político en los acontecimientos. El consejero insinuó que todo este asunto podría formar parte de una estrategia deliberada para desgastar a un adversario político, refiriéndose específicamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Ante esta situación, el consejero calificó la situación en la que se encuentra el fiscal general como "insoportable" y exigió que se presenten pruebas de manera urgente, además de reiterar su demanda de dimisión.

Asimismo, no dudó en criticar a un Gobierno que, según su opinión, ha utilizado los recursos del Estado de forma que desprotege a la ciudadanía. “Este Gobierno ha movilizado todo para atacar de forma partidista a la presidenta”, concluyó García Martín con firmeza, añadiendo que la continuidad del Gobierno, así como la del fiscal general, es insostenible y debería cesar de inmediato.