La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de “embuste” las afirmaciones del Gobierno central sobre la supuesta capacidad de destinar 24 millones de euros provenientes de una quita de deuda a iniciativas de carácter público.

En un contundente mensaje compartido en sus redes sociales, Ayuso criticó la actuación del Ejecutivo nacional, al que se refirió como “caraduras”, por haber demorado la propuesta de condonar deudas a las comunidades autónomas durante siete largos años, señalando que esto se realizó para aliviar las cargas económicas de los independentistas.

“Es impresionante que la decisión de perdonar las deudas de los independentistas haya sido planteada solo ahora, tras siete años de complicidad y sumisión”, declaró la presidenta, subrayando la falta de acción por parte del Gobierno en este prolongado periodo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, se alineó con Ayuso, afirmando que es absolutamente falso que el ahorro derivado de la quita de deuda pudiera ser redirigido a mejorar los servicios públicos, tales como educación y sanidad.

“El supuesto ahorro de 24 millones de euros en intereses no se traducirá en una inversión real en políticas públicas para la Comunidad de Madrid”, aseguró el portavoz del Ejecutivo regional en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La respuesta de García Martín se dirige a las críticas formuladas por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien había reprochado al Ejecutivo madrileño su negativa a aceptar la condonación de deudas. El consejero dejó claro que la abultada cifra de 83.000 millones en deudas no desaparecerá, lo que implicará que todos los ciudadanos españoles seguirán asumiendo el costo.

El consejero destacó que los ciudadanos madrileños se verán obligados a afrontar un gasto adicional cercano a los 500 euros, una carga que consideran injusta y que atribuyen a las políticas del presidente Pedro Sánchez, las cuales representan, a su juicio, un perjuicio directo para la región y benefician a ciertos aliados políticos del Gobierno nacional.

Asimismo, subrayó que estas decisiones están dirigidas a mantener privilegios para algunos socios políticos y son parte de una agenda que busca romper con el modelo de convivencia establecido en España desde 1978, lo que, según su análisis, pone en riesgo la cohesión social en el país.