La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un contundente mensaje este martes, afirmando que el tiempo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su equipo "ha pasado". Ayuso ha planteado que esta situación genera un entorno peligroso, señalando que Sánchez es consciente de ello y, en consecuencia, resulta más amenazador que nunca para la estabilidad y el bienestar del país.

Durante un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha expresado su preocupación por lo que considera un riesgo para la concordia y la verdad bajo el actual Gobierno. A su juicio, Sánchez mantiene al PSOE como un rehén, mientras que este último se encuentra atrapado en una trampa creada por aquellos que son enemigos del orden constitucional. Esta valoración sugiere una crítica profunda hacia la gestión política del Ejecutivo y su relación con el partido socialista.

Ayuso ha continuado su exposición advirtiendo sobre lo que califica como una "estrategia de la carcoma", la cual, según ella, busca debilitar el orden constitucional desde dentro, utilizando métodos sutiles pero devastadores. La presidenta ha denunciado que el Gobierno ha comenzado a manifestar su intención de modificar el sistema procesal, poniendo dicho sistema en manos del propio Ejecutivo, lo cual podría llevar, en su opinión, a la limitación de la acción popular en casos judiciales y a un estrechamiento del papel de la prensa en la denuncia de irregularidades.

En su intervención, Ayuso ha insistido en que la gravedad de la situación actual no debe pasar desapercibida para nadie. En este sentido, ha criticado una propuesta legislativa que ha denominado 'Ley Begoña', que busca restringir la acusación popular. Según ella, esta propuesta se ha registrado como ley y se ha eludido obtener los dictámenes necesarios del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, lo que considera un atropello al sistema judicial.

La presidenta de Madrid ha subrayado que, si esta ley estuviera en vigor, la Comunidad de Madrid no habría podido personarse en 28 casos de violencia contra las mujeres que se están juzgando en la región. Además, ha destacado que también habría afectado la participación en otros muchos casos donde la Comunidad había ejercido su derecho a actuar, subrayando así la importancia de mantener intacto el acceso a la justicia y la capacidad de intervención en casos sensibles.