En Madrid, el día 10 de enero, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha manifestado su preocupación en torno a la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señalando que Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en la posición de "testigo" en el caso que involucra a este último.

Almeida fue claro al aclarar que "Miguel Ángel Rodríguez es testigo, no imputado". En su opinión, si la declaración que ha hecho Rodríguez no fuera verídica, el juez habría razonado de otra manera sobre su testimonio. El regidor continuó critiquiendo la situación, indicando que parece que "estamos en un mundo al revés", donde se le solicita a un testigo que demuestre su inocencia, mientras que quienes están siendo investigados no tienen la misma obligación de brindar claridad sobre los incidentes.

En este contexto, Almeida subrayó que el punto fundamental de esta cuestión es el propio fiscal general del Estado, quien está bajo sospecha. "Él aún no ha explicado cómo es posible que para un asunto oficial, se haya utilizado su correo personal en lugar del correo institucional de la Fiscalía", enfatizó.

El alcalde se cuestionó abiertamente: "¿Por qué se utilizó mi correo personal? ¿Por qué no se optó por enviar la comunicación a la cuenta oficial de la Fiscalía? ¿Acaso este asunto no era para dar solidez a la narrativa de la Fiscalía? ¿O más bien al relato de Álvaro García Ortiz y del Gobierno de España?", señalando que resulta incomprensible que se preste más atención a Miguel Ángel Rodríguez que a un fiscal general que, según él, ha llevado a cabo acciones cuestionables, como borrar mensajes y cambiar de dispositivo justo al surgir el procedimiento penal en el Tribunal Supremo.

Almeida instó a los ciudadanos a no desviar su atención en este caso hacia la figura de Miguel Ángel Rodríguez. "Entiendo que haya un gran interés en discutir sobre un testigo, pero para mí, es mucho más relevante hablar de un imputado que debe rendir cuentas sobre la eliminación de pruebas y sobre el hecho de que solicitara el envío de información a su correo personal", recalcó con firmeza.

Además, el alcalde mencionó que "si este tipo de conducta hubiera sido realizada por un fiscal general que no estuviese alineado con Pedro Sánchez o el Partido Socialista, las calles estarían llenas de protestas de la izquierda solicitando la renuncia de alguien sospechado de destruir evidencia". Con estas declaraciones, Almeida subraya la doble moral que percibe en el discurso político actual, donde las reacciones parecen variar dependiendo de la afinidad partidaria.