El concejal Borja Carabante ha expresado su crítica al actual Gobierno de Pedro Sánchez, señalando la ironía de que haya sido posible dividir el denominado escudo social tras realizar, según su perspectiva, una búsqueda de votos en la lejana Waterloo, donde se encuentra un prófugo de la justicia. Este comentario se produce en un contexto de creciente desconfianza con respecto a las decisiones políticas tomadas por la izquierda en el país.

Durante una reciente sesión en el Pleno de Cibeles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no dudó en cuestionar la integridad y la ética política del PSOE ante el polémico decreto ómnibus que, entre otras cosas, incluye ciertas bonificaciones en el transporte público y la proposición que exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Almeida subrayó lo incomprensible de las concesiones que el partido socialista ha tenido que realizar para mantener su base de apoyo político.

“Aquí no hay lugar para fragmentos ni concesiones, y ahora de repente tienen que aceptar la realidad”, afirmó Almeida, quien defendió una moción de urgencia presentada por el PP en el pleno. Esta propuesta, que instaba a la aprobación inmediata de ayudas al transporte público, fue presentada justo a raíz del acuerdo entre el PSOE y Junts. A pesar de su apoyo por parte del PP, Vox y del propio PSOE, Más Madrid se posicionó en contra de esta medida.

El alcalde continuó su discurso argumentando que su partido está enfocado en impulsar beneficios para los ciudadanos, como el aumento de pensiones y la continuidad de ayudas al transporte público, en lugar de favorecer prácticas como la "inquiokupación" o reparar el "palacete en París" del PNV. Cuestionó la veracidad de las afirmaciones socialistas en torno a una supuesta falta de concesiones, recordando que la tramitación de la cuestión de confianza, que antes se tachaba de inconstitucional, está ahora sobre la mesa.

“¿Era realmente necesario mentir a los españoles, tomar a los pensionistas y a los usuarios del transporte público como rehenes?” se preguntó Almeida, criticando la estrategia del Gobierno de Sánchez en este contexto.

Carabante no escatimó en palabras duras al referirse al proceso mediante el cual se alcanzó el acuerdo entre los socialistas y Junts. Recordó que la reunión del Consejo de Ministros fue retrasada hasta que un individuo fugado de la justicia en Waterloo, aludiendo a Carles Puigdemont, diera su visto bueno para empezar. Su crítica se centró en la falta de dignidad que esto representa para la nación y los ciudadanos.

“¿Es aceptable que veintidós ministros y el presidente del Gobierno estén a la espera de un prófugo de la justicia para iniciar su reunión?” cuestionó con vehemencia en relación a la situación que ha propiciado esta dinámica política.

Martínez-Almeida también señaló que el PSOE, junto a Más Madrid, deberían reconsiderar su enfoque, ya que han prometido que no habría fragmentación ni concesiones, solo para darse cuenta de que ahora deben tragarse sus propias palabras. Este vaivén político es visto como un intento de evitar que la derecha acceda al gobierno.

Carabante aseveró que el episodio vivido en el Congreso muestra una clara imagen de un Gobierno que se encuentra al borde del agotamiento, atrapado en las demandas de sus aliados y carente de apoyo tanto en la opinión pública como en el Parlamento. “Pedro Sánchez actúa como Groucho Marx, pidiendo ‘más madera’ para su locomotora mientras desmantela el tren, en este caso, el Estado de Derecho”, enfatizó sobre el estilo de liderazgo del presidente.

El delegado volvió a arremeter contra Sánchez, describiéndolo como un gobernante que se comporta como un emperador absolutista, incapaz de obtener una mayoría que le respalde en el Congreso, y que constantemente busca culpar a la oposición por sus fracasos.

Por último, Carabante subrayó la actitud maquiavélica del presidente, quien utiliza a los ciudadanos mayores, a usuarios del transporte público y a los afectados por desastres naturales como peones en un juego de poder, destacando la importancia de que se produzca una rectificación real en el accionar del Gobierno, al tiempo que el PP reclama total transparencia sobre los acuerdos alcanzados.