En un proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se contempla la implementación de un régimen sancionador para las universidades que no logren controlar los escraches y acampadas que interrumpan el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

MADRID, 22 de julio.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha expresado su desacuerdo con las críticas realizadas por los rectores madrileños a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la región. Viciana defiende que esta normativa traerá efectos muy positivos para el sistema educativo.

En un evento realizado en la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Software, Viciana respondió a las críticas emitidas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), quienes mostraron su preocupación por aspectos como el establecimiento de un distrito único de prácticas y la posible invasión de la autonomía universitaria.

El consejero considera que las declaraciones de los rectores fueron prematuras, ya que el proyecto de ley todavía no ha sido finalizado. Según Viciana, se está trabajando diligentemente para completar el borrador y se llevará a cabo un proceso de consulta pública a partir de septiembre.

Viciana enfatiza que esta nueva ley representará un importante avance para el sistema educativo en la región y asegura que se está manteniendo una comunicación constante con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, para garantizar un diálogo constructivo durante la elaboración del proyecto de ley.

Una de las medidas clave anunciadas por el consejero es la implementación de un régimen sancionador que podría incluir multas para aquellas instituciones que no logren controlar los escraches y acampadas que afecten el desarrollo normal de las actividades académicas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto presentar un borrador de la ley a los principales actores involucrados a lo largo del mes de julio, para luego iniciar el proceso de consulta pública en septiembre y presentar un texto definitivo a finales de otoño para su posterior tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

Esta nueva ley, que contrasta con la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, busca satisfacer las necesidades actuales y futuras del sistema educativo, incluyendo todas las enseñanzas superiores, la ciencia y la investigación.

Entre otros aspectos, la normativa contempla un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, un marco regulatorio para las escuelas de negocio, y la creación de un distrito único de prácticas para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior.