En una reciente declaración ante el Tribunal Supremo, el fiscal Salvador Viada ha resaltado la preocupación no por el hecho en sí mismo, sino por lo que considera una evidente complicidad entre la fiscal del caso y el fiscal general del Estado. Este comentario surge en el contexto de la investigación que se lleva a cabo sobre Álvaro García Ortiz, a quien se le acusa de filtrar información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Viada, quien ha comparecido como testigo, comunicó que observó a García Ortiz y a su adjunta, Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil el mismo día en que la Guardia Civil registró el despacho del fiscal general. Esta información ha sido corroborada por diversas fuentes legales consultadas por Europa Press. La comparecencia de Viada fue solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en la que él mismo tuvo un papel significativo como portavoz.

Durante su testimonio ante el juez Ángel Hurtado, Viada quedó obligado a responder con veracidad a las preguntas formuladas por las partes, las cuales incluyen notables acusaciones representadas por González Amador y diversas organizaciones legales. En sus declaraciones, el fiscal hizo hincapié en que la situación fue meramente observacional y que, aunque le llamó la atención, el acto "no tiene ninguna importancia" por sí mismo.

El testigo declaró a los medios que, aunque no se sentía cómodo en esa situación, debía ceñirse a los hechos que había presenciado. Apostó por la necesidad de marcar la diferencia entre la relación personal que mantiene con Sánchez Conde y lo que realmente ocurrió en ese momento, resaltando que su deber es dejar claro lo que vio y no más.

La APIF, en su argumentación, solicitó que se obtuvieran grabaciones de seguridad de la Fiscalía General, pero desde el organismo se aclaró que no existen tales cámaras, lo que impide la realización de dicha solicitud. Este aspecto subraya la falta de evidencias visuales que podrían arrojar más luz sobre el evento.

El acta del registro en la oficina de García Ortiz sugiere que la interacción observada por Viada sucedió después de que la Guardia Civil hubiera clonado el contenido del móvil del fiscal general, lo cual plantea interrogantes sobre el proceso que siguieron posteriormente. Viada, al ser cuestionado sobre el significado de la situación, sugirió que la acción no debía interpretarse negativamente, aunque también argumentó que el comportamiento de un fiscal debe ser transparente y conforme a un código ético.

A pesar de los intentos de desacreditarlo por parte de algunas acusaciones, el testigo mantuvo su postura y respondió a todas las preguntas planteadas. Lo que se evidencia hasta ahora es que Viada es el segundo testigo en este proceso, que investiga a García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la supuesta revelación de secretos en relación con la denuncia de la pareja de Díaz Ayuso.

El juez Ángel Hurtado ha servido de responsable en este caso y ya ha admitido la solicitud de la APIF, señalando que la interacción podría sugerir una cercanía indebida entre la teniente fiscal del Supremo y García Ortiz, lo que podría tener repercusiones serias en la investigación en curso y en la figura de la fiscalía en su conjunto.