Pequeñas librerías advierten sobre posible escasez de libros de texto debido al programa Accede.
Las pequeñas librerías de la Comunidad de Madrid están expresando su preocupación por la posibilidad de un "desabastecimiento" de libros de texto al comienzo del próximo curso escolar. Esta alerta surge en el contexto del programa Accede, que gestiona el préstamo de libros y material curricular en la región. La inquietud se centra en las implicaciones de un modelo de contratación que, según sostienen, favorece a grandes empresas en detrimento del pequeño comercio.
De acuerdo con un comunicado de las asociaciones Librerías de Madrid y Pequeños Libreros de Madrid, la estructura actual del programa ha resultado en que un notable porcentaje de adjudicaciones haya sido capitalizado por grandes distribuidoras que carecen de relación con el sector del libro. El año pasado, afirman, una sola distribuidora andaluza y una empresa ajena al sector obtuvieron más del 60% de los contratos destinados a la provisión de libros de texto.
María José de Acuña, representante de la Asociación de Librerías de Madrid, ha señalado que la situación actual podría dejar a muchos estudiantes sin libros de texto disponibles para su compra al inicio del curso, lo que también podría afectar a los centros educativos en su búsqueda de proveedores confiables.
Antes de la implementación del programa Accede hace seis años, las familias solían adquirir los libros en sus librerías locales. Sin embargo, el nuevo sistema establece que las instituciones educativas realicen compras centralizadas a través de empresas seleccionadas, excluyendo a las librerías más pequeñas del circuito de ventas.
Una de las principales diferencias entre el acuerdo marco anterior y el actual es que anteriormente las escuelas podían elegir a qué librerías dirigirse para sus pedidos, mientras que ahora están obligadas a contactar con todas las empresas seleccionadas simultáneamente, lo que complica aún más la situación para los pequeños comercios, como explicó Igor Muñiz, un librero y miembro de la asociación mencionada.
A pesar de las protestas que han surgido desde el año pasado, las negociaciones hasta ahora solo han logrado rebajar el requisito de solvencia económica para los libreros de 23.000 euros a 10.000. Viciana afirmó que cualquier medida que beneficie a las pequeñas librerías se implementará en el marco del acuerdo.
Las librerías critican que el sistema actual carga a los centros educativos con la responsabilidad del control y seguimiento de los contratos, sin proporcionarles los recursos necesarios para llevar a cabo dicha tarea adecuadamente. Esto, argumentan, resulta en una falta de supervisión efectiva sobre el cumplimiento de los contratos.
Las organizaciones de libreros sostienen que las condiciones del programa Accede dificultan enormemente su participación, exponiéndolos a operar con márgenes de beneficio muy reducidos o incluso en pérdidas. Además, apuntan que las editoriales no están ajustando adecuadamente sus precios, lo que acentúa el desbalance del mercado.
La continuidad del modelo actual no solo pone en riesgo al pequeño comercio, con el potencial cierre de librerías y pérdida de empleos, sino que también amenaza la eficacia del programa Accede en su conjunto. Las librerías han advertido que la disminución de proveedores puede dar lugar a serios problemas logísticos al inicio del curso, una situación que ya se vivió en el ciclo escolar de 2024.
En respuesta a esta situación, las pequeñas librerías han exigido la suspensión inmediata del acuerdo marco y la reimplementación de un modelo basado en contratos más pequeños, similar al que se utilizaba anteriormente. Consideran que este enfoque facilitaría una gestión más eficiente del presupuesto y garantizaría tanto la gratuidad de los libros como la subsistencia de los comercios locales.
Muñiz ha propuesto que el modelo ideal sería implementar un sistema similar al "cheque libro", utilizado en regiones como Andalucía, donde las familias pueden elegir su librería y solicitar los libros de texto, que luego son facturados al gobierno regional. En caso de que esta propuesta no se lleve a cabo, ha sugerido que otro modelo de acuerdo marco debería ajustar las tarifas, ofrecer márgenes comerciales adecuados y permitir a los centros educativos seleccionar a sus proveedores.