Crónica Madrid.

Crónica Madrid.

"Pacto con la Fiscalía permite que responsable de hacinamiento de cadáveres en UCM evite prisión"


MADRID, 19 May. - El exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Ramón Mérida Velasco, evitó ser enviado a la cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. La pena acordada fue de 18 meses de cárcel, en lugar de los 8 años que inicialmente se habían solicitado.

La vista se celebró en los Juzgados de lo Penal de Madrid y Mérida compareció por las condiciones inhumanas en las instalaciones debido al hacinamiento de cadáveres.

Bajo el acuerdo, acepta una condena de tres meses de prisión por un delito contra los trabajadores y otros tres meses por cada cinco delitos de los que se le acusa por contra la integridad moral. Además, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de director de Departamento durante el tiempo de la condena. También se le impuso una multa de 3 meses con una cuota diaria de 10 euros, junto con la responsabilidad.

En cuanto a las penas de prisión, el fiscal no se opone a la suspensión si se cumple con el pago de las cantidades mencionadas y si se evita cometer delitos durante un período de dos años.

El fiscal inicialmente había solicitado tres meses por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular, representada por el abogado José Luis Vegas, había elevado su petición a 21 años de cárcel y 264,000 euros en indemnizaciones.

Según el fiscal, durante años, el médico obligó a los trabajadores a prestar sus servicios "en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas." La inspección de trabajo y seguridad social ordenó en 2014 la paralización de todos los trabajos, luego de lo cual se extrajeron 534 cadáveres del sótano.

El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral."

Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción.

Mérida, como resultado de su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio. "Al no proveer ninguna solución", desatendió "sistemáticamente" las "justas" demandas de los trabajadores.

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que "los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales".

También, los trabajadores no usaban ropa adecuada para realizar sus tareas y las condiciones de higiene eran "deficientes". Tan es así que en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

El escrito de acusación también pone de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia "permanente" de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y "de modo repetitivo" cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba "introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción."