El 20 de noviembre, desde Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, quien también lidera el partido Más Madrid, ha emitido fuertes críticas tras el reciente fallo del Tribunal Supremo (TS) que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, García expresó su preocupación sobre las implicaciones de la condena, que impone a García Ortiz una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros. Esta decisión está relacionada con un caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también recibirá una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

La ministra García señaló que esta sentencia afecta directamente a los ciudadanos, indicando que "la condena del fiscal general deja vulnerable a toda la comunidad frente al Estado de Derecho" y añadió que esta situación ha debilitado conceptos fundamentales como la necesidad de pruebas y la presunción de inocencia, que son pilares en una democracia consolidada durante cinco décadas.

El fallo del tribunal, que no fue unánime, contó con el respaldo de cinco magistrados: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, mientras que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo votaron en disidencia, mostrando una clara división dentro del panel.

Este veredicto se produce en un contexto histórico, marcando la primera vez que un fiscal general del Estado ha sido juzgado en un tribunal. El tribunal, de mayoría conservadora, emitió su fallo solo una semana después de la conclusión del juicio.

Aunque la decisión fue comunicada el jueves, se informó que no entrará en vigor hasta que se formalice la notificación de la sentencia, que aún permanece en proceso de redacción.